Hacienda subirá los impuestos sobre la gasolina, el tabaco y el alcohol

El revés que ha supuesto para las cuentas públicas los resultados de 1993 y el empeoramiento de algunos indicadores, como el empleo y la inflación, no son argumentos suficientes para que el Gobierno deje de fijarse objetivos ambiciosos. El plan de cho que que prepara Hacienda pretende terminar 1996 con un déficit del 3% del PIB para todas las administraci6nes públicas, frente al 7,1% de 1993. Ello implicará nuevas medidas para frenar el gasto y el aumento de los impuestos sobre la gasolina, tabaco y alcohol, pero no sobre la renta y sociedades.

Se trata de alcanzar, contra viento y marea, los criterios de convergencia establecidos en el acuerdo de Maastricht. Así lo confirmaron ayer los dos secretarios de Estado de Hacienda y de Economía, Enrique Martínez Robles y Alfredo Pastor. En la comisión de Presupuestos del Congreso, Martínez Robles, re conoció que 1993 había sido un "muy mal año presupuestario". En esta apreciación coincidieron los grupos parlamentarios de la oposición, en especial el Popular, que acusó al Gobierno de una "mala gestión presupuestaria" y de haber contribuido "a agravar la crisis económica", se gún palabras de su portavoz, Rafael Arias Salgado.

Las desviaciones sobre el presupuesto aprobado por el Parla mento son de las más graves que se recuerdan: un 165% en el déficit de caja del Estado, un 11% en el gasto y un 5,4% en los ingresos. Es decir, el Estado ingresó 722.000 millones menos de lo que presupuestó y gastó 1,630 billones más.

Martínez Robles lo explicó en base a la mayor gravedad de la crisis económica, aunque señaló que ahora lo importante es hacer frente a esta situación mediante un plan de choque para reducir el déficit y controlar el gasto. El plazo marcado es de tres años y el objetivo es pasar de un déficit del conjunto de las administraciones públicas (Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos) del 7,1% del PIB en 1993 a menos de la mitad en 1996 (el 3%). Para 1994 previsto un 6,5%, lo cual in dica que el mayor esfuerzo se concentrará en los dos años siguientes.

El secretario de Estado de Hacienda explicó que se mantendrá la presión fiscal global, aun que sin descartar "modificaciones en algunas figuras impositivas y en algunas tasas". El secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, fue algo más preciso al indicar en Barcelona que habrá nuevas subidas -a añadir a las efectuadas durante el pasado ejercicio- de los impuestos especiales sobre el consumo de alcohol, tabaco y carburantes, informa Manel Pérez. Pastor descartó que tales subidas se apliquen a los grandes tributos como el de la renta de las personas físicas o el de sociedades.

Fuentes de Economía restaron importancia a estas subidas al indicar que se trata únicamente de cumplir el calendario de armonización pactado con los restantes países de la Comunidad Europea, en la línea de las medidas ya avanzadas en los Presupuestos de 1994.

Todo parece apuntar que la principal preocupación de Hacienda es el control del gasto, dado que el actual nivel de presión fiscal está en los límites de lo razonable, tal como han reconocido responsables de este ministerio en anteriores ocasiones.

Los pozos negros del gasto son la sanidad, las pensiones, el desempleo, la deuda pública y las transferencias a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Martínez Robles sólo dijo que se harán previsiones "realistas" sobre como evolucionará el gasto y, a partir de ahí, "se introducirán las medidas oportunas".

El otro gran objetivo de este plan de choque es que el nivel de endeudamiento cumpla también el límite establecido en Maastricht del 60% del PIB para todas las administraciones públicas. Según Martínez Robles, en 1993 este nivel se encontraba en el 55,61/6 del PIB, pero en el año en curso rozará ya el 60%.

Inspección a los morosos

Por otra parte, el secretario de Estado de Hacienda anunció ayer que se ha puesto en marcha un plan especial de inspección para aquellos que han solicitado un aplazamiento de sus pagos a Hacienda.La razón es que en el pasado año este tipo de peticiones han crecido como la espuma y existen indicios de "actitudes fraudelentas". En total, se han solicitado aplazamientos por valor de 493.000 millones de pesetas, un 51% más que el año anterior. El número de solicitudes (348.000) creció un 150%.