Un padre divorciado, preso en Zaragoza desde enero por no mantener a sus hijos

Un padre divorciado está encarcelado en Zaragoza desde el pasado 7 de enero por impago de pensión alimentarla. Su abogado airea ahora el caso, tras la publicidad generada por la condena a prisión en Barcelona el viernes pasado, por igual motivo, a otro marido, quien, sin embargo, pasó pocas horas en la cárcel: el mismo día depositó en el juzgado 2,312 millones de pesetas, cantidad correspondiente a las pensiones impagadas para mantener a sus tres hijos. Las asociaciones de padres separados han contestado a estas condenas exigiendo que se penalice incumplir el régimen de visitas, y la asociación Themis de mujeres juristas aporta una cifra: los impagos reclamados judicialmente sobrepasan los 500 millones.

El hombre divorciado de Zaragoza sigue en prisión desde el 7 de enero. Su abogado, que no ha dado a conocer la identidad del condenado, ha explicado ahora el caso. Sobre su defendido pesan dos condenas de un mes y un día cada una, más 20 días de arresto sustitutorio, por lo que el hombre, de casi 60 años, ingresó en prisión, informa Javier Torrontegui. Los tribunales admiten la insolvencia del procesado, pero han estimado que en algún momento éste podría haber satisfecho alguna cantidad económica para mantener a sus dos hijos.El abogado defensor asegura que su representado "no es ningún cara que no quiera pagar" y, para demostrarlo, esgrime, además de su comprobada insolvencia, el hecho de que el Gobierno de Aragón le haya otorgado el pasado año una pensión de 23.400 pesetas,

El asunto llegó a los tribunales en 1987, dos años después del divorcio del procesado. Hasta ese momento, éste había pagado regularmente las 70.000 pesetas fijadas de pensión alimentaría. Pero en ese año, el procesado, se casó en segundas nupcias y dejó de pagar a su primera esposa alegando la quiebra de su negocio.

Luis Pascual Estevill, titular del juzgado número 26 de Barcelona, había tomado declaración el jueves al inculpado de la Ciudad Condal, quien desapareció de los juzgados justo antes de que el juez dictara su ingreso en prisión.

El acusado se entregó voluntariamemte a la policía el pasado viernes para hacer frente a la orden de búsqueda y captura dictada por el juez. Pascual Estevill ordenó su ingreso en la cárcel, aunque el hombre evitó pasar la noche en el penal después de presentar un cheque por la deuda acumulada. La identidad del hombre no ha sido desvelada por expreso deseo de la madre que quiere preservar la imagen del padre que puedan tener los hijos.

La Audiencia de Barcelona acordó en mayo de 1991 que el padre separado pagara a su ex mujer mensualidades de 120.000 pesetas para costear la manutención de sus tres hijos, cuyas edades oscilan entre los 11 y 16 años. La madre sólo percibió la pensión durante un año, o sea, hasta 1992, y luego dejó de recibirla.

El magistrado justificó la prisión provisional del hombre al entender que está muy extendida entre los padres separados la costumbre de no pagar las pensiones. El abandono de la familia está castigada levemente en el Código Penal, pero el magistrado entendió que causa alarma social y que se produce con una frecuencia alta en su partido judicial.

El hombre intentó argumentar, en su declaración ante el juez, que no pagaba por haberse quedado en el paro, si bien acabó reconociendo que la empresa que le despidió le abonó una indemnización de 3,7 millones de pesetas y que se negó a entregar a su mujer la mitad de la propiedad del piso en el que ella reside junto a sus tres hijos. Según fuentes judiciales, el acusado reconoció al final que desde junio a noviembre de 1993 tuvo otro empleo por el que percibía un salario de 240.000 pesetas.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis, que hace un año envió un informe al Consejo General del Poder Judicial denunciando la resistencia de los jueces a condenar a los padres separados que no pagaban, ha interpuesto 608 querellas por impago de pensiones alimenticias y compensatorias, en los últimos cuatro años, informa Elena Castelló. Estas pensiones impagadas sobrepasan los 500 millones de pesetas, según Mana Luisa Casal, vicepresidenta de Themis. El artículo 487 bis del Código Penal establece penas de uno a seis meses de cárcel y multas de 100.000 a 500.000 pesetas si se dejan de pagar las pensiones durante al menos tres meses.

Themis consiguió en 1993, una treintena de sentencias, dando la razón a la demandante. Esto permite que se embarguen los bienes del demandado y si persiste en no pagar, puede ir a la carcel.

Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas, afirma que el 80% de los padres separados tienen embargada la nómina y por eso pagan. La Federación Estatal de Padres Separados pide que, de igual manera, se tipifique como delito el obstaculizar el régimen de visitas de los padres. Algo que se da en el 85% de los casos, según Jesús Seligrat, presidente de la Sociedad Divorcista Española.