La gestora de PSV desvió más de 15.000 millones, a operaciones no relacionadas con las viviendas

IGS SA, la sociedad mercantil encargada de gestionar la cooperativa PSV, invirtió más de 15.000 millones de pesetas en operaciones empresariales e inmobiliarias que nada tenían que ver con el proyecto de construir 20.000 viviendas para el que los cooperativistas han entregado sus cuotas. Según las auditorías efectuadas de los años 1991 y 1992 de IGS y de PSV, la empresa gestora IGS, financiada fundamentalmente por las aportaciones de los socios de PSV, enterró más de 7.000 millones en su grupo de empresas; otros 1.707 millones en la Esfera Armilar de Madrid; 4.692 millones en el proyecto turístico de Marina Calviá (Mallorca) y otros 1.500 en un proyecto de urbanización de lujo en Madrid (Bressel).

A estas cantidades podrían sumarse incluso otros miles de millones invertidos en terrenos que definitivamente ya no serán utilizados para viviendas porque los proyectos han fracasado (LLoma Llarga en Valencia), o que tienen difícil salida, como Valladolid o Zaragoza). El principio de caja única con el que ha funcionado el proyecto desde sus inicios facilitó la actuación de GS. Ahora, reconoce el secretario de administración de UGT, Sebastián Reyna, el agujero que pueda resultar de IGS-PSV depende de la valoración que los auditores de Arthur Andersen, que están a punto de concluir su trabajo, otorguen a los terrenos adquiridos. A ese posible "agujeo" habrá que añadir los gastos financieros generados por la paralización de las obras a lo largo de 1993.Las actividades especulativas de IGS -que ya ha cobrados a los socios de PSV 11.000 millones por adelantos de su gesión-, han sido reconocidas por el propio secretario general de UGT, Nicolás Redondo. El líder sindical calificó en enero las compras de terrenos en Mallorca y Valencia, amén de la inversión realizada en la Esfera Armilar de Valdebernardo (Madrid), como "decisiones erróneas" que podrían generar fallidos. Redondo no mencionó las inversiones de IGS en otras empresas, tres de ellas (Libertur, Unial y Torreblanca) propiedad de UGT hasta el año 1991.

En total, el coste de las participaciones de IGS en cerca de una treintena de sociedades superaba, según la auditoría de 1992, los 7.000 millones. A 31 de diciembre de dicho año estaban pendientes de desembolso, por dichas participaciones, 1.495 millones.

Utilización de fondos

La utilización de fondos de cooperativistas por parte de IGS para fines distintos de los estrictamente de PSV es uno de los argumentos del bufete de Joaquín Ruiz Giménez en la querella interpuesta por 947 cooperativistas de la promoción de Valdebernardo (Madrid) contra el consejo rector, la dirección de UGT y la Comunidad de Madrid.

El trabajo de aclarar las cuentas no es fácil. El hecho de que IGS simultaneara actividades inmobiliarias muy especulativas (Calviá, urbanización en Alfonso XIII Madrid), con la gestión de los proyectos de PSV, exige un examen a fondo de todas las áctuaciones. Como declaró el juez encargado de la supensión de pagos de PSV, José Antonio Enrech en realidad, la cooperativa como tal "carece de administración, de soporte funcionarial y de establecimiento administrativo". De ahí que, según el magistrado "la conexión con IGS sea clave".

En Mallorca (Magalluf) IGS adquirió cerca de 400 hectáreas para construir una gran urbanización de lujo en la Marina de Calviá, que debía incluir una ciudad lacustre, dos hoteles, 400 apartamentos y 400 chalés, un campo de golf, puertos deportivos y una gran área comercial. Iba a ser el proyecto turístico más importante del Mediterráneo, según sus promotores. Por el contrario, en opinión del Gobierno balear, era y es "un proyecto irrealizable". En Alfonso XIII (Madrid), IGS invirtió en 1990 1.500 millones de pesetas en la antigua fábrica Bressel. La idea era construir 80 viviendas de lujo, de más de 200 metros cuadrados. La venta de las parcelas iba a reportar 3.000 millones. Incluso hubo una lista, con nombres relevantes y cantidades adelantadas. El proyecto, sobre el que pende una hipoteca de la Banca March por 1.200 millones, permanece paralizado.

Existen otras operaciones tan curiosas como la de Marina Calviá, aunque sus magnitudes no son comparables. Por ejemplo, en 1991, IGS adquirió, por 50 millones de pesetas, el 50% de la sociedad Castillo de Gorraiz, en el Señorío de Sarriá (Navarra). ¿Intención? invertir 35.000 millones de pesetas en 13 años para convertir 2.215.000 metros cuadrados en "en un proyecto urbanístico que combina la vivienda unifamiliar con un campo de golf", entre otras cosas.

Otra de las operaciones espectaculares de IGS, la Esfera Armilar, ya es historia traducida en pérdidas. Lo que iba a ser un monumento de 92 metros de altura, con las dimensiones del estadio Santiago Bernabeu, ha acabado en pérdidas superiores a 1.700 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1992. Ese dinero es ya irrecuperable. Según la auditoría de 1992 de IGS, en el caso de que las obras de la esfera no estuvieran concluidas el 31 de diciembre de 1993, las cantidades entregadas hasta esa fecha no podrían ser reclamadas por los promotores del proyecto.

Este informe ha sido elaborado por los miembros del Equipo de Investigación Santiago Carcar, Carlos Yárnoz y José Yoldi.