La hora de la verdad

Cuando en 1985 Nicolás Redondo abandonó su escaño parlamentario, a fin de protestar de esta manera contra la ley que reformaba el sistema de pensiones, activó por primera vez un mecanismo que conducía de forma ineluctable al 27E que acabamos de vivir. A nada que se reflexione políticamente sobre aquel gesto, se advertirá que su significado es el mismo que el de la reciente convocatoria de huelga general.Tanto en aquella ocasión como en ésta, el movimiento sindical transmitía el mismo mensaje al Gobierno: si los sindicatos no pueden definir de manera positiva la política económica, sí deben disponer de una suerte de derecho de veto sobre determinadas materias, que solamente podrán ser aprobadas por el Gobierno y tramitadas parlamentariamente después, si tienen el consentimiento sindical previo.

La UGT, en 1985 -nadie puede pensar que la renuncia de Nicolás Redondo fue un gesto individual-, entendió que ese derecho de veto no había sido respetado por el Gobierno, y nuevamente UGT, con CC OO a remolque, ha entendido que tal derecho no se volvía a respetar en la reforma del mercado laboral.

Ésta es la razón de la huelga, y no creo que nadie deba llamarse a engaño. No fue la concreta reforma del sistema de pensiones lo qué motivó la conducta de Nicolás Redondo. Buena prueba de ello es que nada ha dicho el sindicato desde entonces contra la puesta en práctica de dicho sistema, que, por cierto, nadie discute hoy. Y no es la concreta reforma del mercado de trabajo lo que ha motivado esta convocatoria de huelga general. Ha sido el pretexto, no el motivo. En unos cuantos meses lo vamos a comprobar.

Lo que los sindicatos le han planteado al Gobierno es un pulso político. En ciertas materias, el Gobierno socialista sólo está legitimado para adoptar determinadas medidas, si previamente cuenta con el aval de los sindicatos. La no aceptación de este principio por el Gobierno es una "ruptura de hostilidades", a la que los sindicatos tienen que responder "con todo lo que tiene", esto es, con la huelga general.

.Justamente por eso, el Gobierno no puede ceder ni un milímetro. El Gobierno jurídicamente no puede impedir que los sindicatos decidan echarle un pulso, porque el derecho de huelga es un derecho constitucional. Pero políticamente sería suicida que aceptara siquiera echar el pulso. Si el Gobierno hiciera esto se estaría deslegitimando para actuar como Gobierno de la nación.

No hay Gobierno que pueda mantenerse si acepta un envite de esta naturaleza. Y si lo consigue es, como vulgarmente se dice, pan para hoy y hambre para mañana. Y para un mañana muy largo. Los 15 años que Nicolás Redondo le ha pronosticado al PSOE en la oposición sí que se harían realidad entonces, y además con una crisis de legitimidad para dirigirse a la sociedad española, de la que sería muy difícil recuperarse.

El ejemplo del laborismo británico es bastante elocuente. No solamente lleva 15 años en la oposición, sino que, de acuerdo con un estudio de The Fabian Society publicado en septiembre de 1993, puede continuar en esa posición durante bastante tiempo. Su crisis de legitimidad como consecuencia de su dependencia sindical dificulta sobremanera que pueda ser aceptado como el Gobierno de la nación.

El opuesto es el del presidente Clinton respecto de la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. A pesar de las presiones sindicales de todo tipo sobre el presidente y los congresistas demócratas, a los que el sindicalismo americano apoya económicamente de manera importante en las campañas electorales, el presidente Clinton comprendió que ceder en este terreno a la presión sindical era perder su legitimidad para dirigir el país.

Éstos son los términos en que el problema está planteado. Si en 1985 podía haber alguna ambigüedad, en 1994 no cabe ninguna. En sus relaciones con el movimiento sindical al Gobierno socialista le ha llegado la hora de la verdad. Vamos a tener ocasión de comprobar si está a la altura de las circunstancias.