"Muchos no se acostumbran a que la vida no valga nada"

El pánico se ha apoderado de Apartadó. Ayer resonaba todavía el eco de las ráfagas de ametralladora M-60 que, la víspera de madrugada, segaron la vida de 35 trabajadores agrícolas del sector del plátano en este pueblo de la zona de Urabá, cerca del Caribe.Mientras los familiares de las víctimas preparaban el sepelio colectivo, muchos de los sobrevivientes se agolpaban en las oficinas de las empresas para pedir su liquidación "porque aquí ya no hay futuro y a situación es cada vez más preocupante", según afirma Gilberto Torres, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, que agrupa a 14.000 de los 20.000 obreros de la región. "Es que no todos se acostumbran a que aquí la vida no valga nada y prefieren regresar a sus parcelas, aunque sea para morirse de hambre, porque es mejor así que asesinado".

En la verbena que un grupo de familias del barrio de La Chinita organizó el sábado con el fin de recolectar fondos con la venta de licor para comprar uniformes y útiles escolares a los niños que la próxima semana empiezan las clases, asistían unas 300 personas. "Llegaron como 20 hombres vestidos de militar y comenzaron a boliar plomo [disparar] contra los esperanzados ", que es como se llama a los militantes del legalizado Ejército Popular de Liberación (EPL), ahora Esperanza, Paz y Libertad.

"Llamaron a varios de los militantes que por la tarde habían participado en una manitestación con el senador Aníbal Palacio, como parte de la campaña electoral que se avecina, y sin ningún miramiento los mataron. Estamos seguros que eran hombres del Quinto Frente de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, comunistas]", afirma Torres.

La matanza del fin de semana es la que mayor número de víctimas ha provocado en una región donde los asesinatos -colectivos o selectivos- forman parte de la cotidianeidad. Esta zona selvática genera cada año unos 200 millones de dólares por la exportación de plátanos. Entre octubre y diciembre pasados, los enfrentamientos entre grupos guerrilleros que intentan controlar la región y organizaciones paramilitares costaron la vida a 180 trabajadores agrícolas.

Si en el año 1989 la violencia se debía a la acción de los grupos paramilitares anticomunistas, financiados por el narcotráfico, la actual ola terrorista parece motivada por la proximidad de los comicios legislativos de marzo y municipales de octubre. Esperanza, Paz y Libertad, que presenta un candidato propio a la alcaldía de Apartado, aspira a desplazar de allí a la comunista Unión Patriótica (UP) e incluso, aliándose con liberales, ganar a ésta también las alcaldías de otros poblados importantes de la región.

Pero Urabá no es la única zona donde la confrontación armada afecta al proceso electoral. Se calcula que en por lo menos 200 de los 1.024 municipios colombianos, la guerrilla tiene influencia en el proceso electoral, ya sea por la vía armada o el chanta e a los candidatos. Por esta razón, el presidente, César Gaviria, apoyó recientemente la decisión de reemplazar con alcaldes militares a los ediles asesinados por la guerrilla, como ya ocurrió en otras zonas estratégicas del país.