Una huelga tan útil como necesaria

Así como de la libertad de expresión nacen las demás libertades democráticas, el derecho de huelga es el germen y el garante de los derechos sociolaborales. Es más, el primigenio Estado liberal, que reservaba el derecho de voto a los propietarios, no se habría podido transformar en el Estado social y de derecho sin que los no propietarios alcanzasen los más elementales derechos de ciudadanía, a base, entre otras cosas, de hacer huelgas que al mismo tiempo mejorasen las condiciones de prestación de lo único que poseían: su fuerza de trabajo. Finalmente, todas las constituciones democráticas han terminado contemplando el derecho de huelga como uno de los derechos fundamentales y como el cauce democrático adecuado para solventar el conflicto social.Es una pena, por tanto, que a estas alturas tengamos que dedicar demasiado tiempo a la polémica sobre legitimidades y carácter democrático de una huelga, y malgastar energías que caldean el ambiente aún más de lo que está discutiendo sobre si la huelga es o no un atentado contra la voluntad popular representada en el Parlamento.

Vayamos, pues, al grano que ha motivado una huelga tan necesaria como útil para moler ese grano con mayor consenso entre molineros, que buena falta le hace el pan a este país.

. Fuimos a las negociaciones de un pacto por el empleo, más que con disposición, con verdadero interés por llegar a un buen acuerdo, porque, convencidos de nuestras razones en la crítica a la política económico-social de los últimos años, lo estábamos tanto o más de que con tres millones de parados y una situación económica calamitosa los sindicatos no podíamos quedamos en el ya lo decía yo, sino que era nuestra obligación contribuir con propuestas, ideas y actitudes a superar tales problemas.

. Acudimos a negociar un pacto en el que por primera vez los sindicatos no pedirnos más de nada, simplemente equidad social en las aportaciones que hubiera que hacer y compromiso de todos con políticas presupuestarias, reformas estructurales y desarrollos inversores orientados de verdad a la creación de empleo. Por ejemplo, no pedíamos más gasto social, sino el mantenimiento de las prestaciones básicas y de los derechos sustantivos, compatible a nuestro entender con la racionalización del gasto y la erradicación de determinados abusos. No propusimos incrementos salariales por encima de la inflación prevista, sino tenerla como referencia para la moderación trianual de todas las rentas salariales y no salariales-, cuidándonos de no absorber los eventuales crecimientos de la productividad. Pro pugnamos una política presupuestaria que combinase el rigor contra el déficit público y la moderada expansión que selectiva mente fomentase la actividad productiva -con políticas industriales activas- y la creación de empleo. Y por si de una vez se puede despejar el infundio acerca de nuestra posición ante la reforma laboral, no sólo no esperamos a que se nos emplazase en este te rreno, sino que adelantamos nuestro interés por acometerla en conexión con la sustitución negociada de las viejas Ordenanzas Laborales por un nuevo entramado de negociación colectiva sectorial que, a la vez de servimos para la racional articulación de la maraña actual de convenios colectivos, permitiese sobre todo adecuar el mercado laboral a las nuevas realidades productivas a promover en nuestro país; esto es, la flexibilidad negociada o "flexibilidad bien entendida", que el presidente del Gobierno dice no comprender.

Pero como ya se sabe, el primer tropiezo vino con lo social, procediendo el Gobierno a restar unos 60.000 millones de la masa global de pensiones que, además de hacerles perder 8.600 pesetas anuales en el 94 -¡ironías de la última campaña electoral!-, se da el poco edificante ejemplo carente de equidad de transferir este ahorro en pensiones a rentas de capital vía gasto fiscal y otras subvenciones; como se pretende hacer también con la disminución de renta de los parados y de los salarios reales de los empleados públicos y asalariados en general. El segundo escollo emergió ante nosotros con las partidas presupuestarias para la inversión productiva y el desinterés por impulsar otras políticas industriales que no fuesen las pasivas -e impredecibles en cuanto a sus resultados- bonificaciones fiscales en barbecho ya apuntadas. Casi al tiempo vinieron con pretensiones salariales que, aun rebajando notablemente las capacidades adquisitivas, no sólo no reportaban creación de empleo ni compromiso alguno en este sentido, sino la esperanza (?) de que el paro aumentase en 11.000 parados menos si no había acuerdo.

Y por último, la defunción de las negociaciones vino con una reforma laboral comunicada de un día para otro -que no negociada-, desreguladora de derechos individuales y colectivos hasta no dejar títere con cabeza en el derecho laboral vigente. Que conste que la disyuntiva no está entre la flexibilidad necesaria y la supuesta defensa sindical de una rigidez laboral a. ultranza, sino entre la flexibilidad negociada propuesta por los sindicatos y la desregulación pura y dura impuesta por el Gobierno, con la que venía soñando la CEOE tiempo atrás.

Cualquier Gobierno democrático sabe que si opta por la imposición en materias sociolaborales de tanta envergadura está provocando el conflicto social, y éste, como queda. dicho, se encauza a través de la huelga necesariamente. Por nuestra parte la convocamos y la haremos para contribuir a la reapertura del camino más útil a fin de afrontar la crisis actual y los retos del inmediato futuro: el de la verdadera negociación. Es también el camino utilizado por todos los Gobiernos democráticos europeos en cuyos países se han producido conflictos similares; entre otras razones, porque tal vez saben que, con independencia de que les cuadren los números de diputados que les apoyan en sus respectivos Parlamentos, la estabilidad de un país -y a la postre de su Gobierno- requiere de un encaje social que trasciende de la aritmética parlamentaria, aun siendo ésta muy importante. Si aquí alguien tiene la humildad de reconocer que aún le queda algo por aprender de los modos de gobernar en una Europa con, la que se pretende homologar, tendrá la ocasión de demostrarlo a partir del próximo 28 de enero; en estas situaciones no se demuestra el coraje resistente de los gobernantes sino su auténtica capacidad de Gobierno, casi siempre reñida con1a soberbia.