Las razones

En tomo a la convocatoria de huelga general se han producido actitudes distintas. En el ámbito gubernamental, por ejemplo, se ha tratado de no hablar de la huelga y sus motivaciones, de mantener en cuanto sea posible el vacío en torno a la convocatoria. Otras fuentes, en cambio, han preferido fijarse en aspectos que, aunque importantes para el debate y la reflexión política, no son centrales en este caso. Es lo que ocurre con, la legitimidad constitucional del Parlamento. Siempre son de agradecer las lecciones (bien es verdad que la mayoría un tanto elementales) sobre las prescripciones de nuestra Constitución, pero resultan completamente superfluas: los sindicatos en ningún momento hemos puesto en cuestión el papel constitucional del Parlamento.Como no querernos desviar la atención del 27-E, creemos preferible referimos al porqué de la huelga, cuáles son las medidas que ha adoptado el Gobierno que la han motivado. Hemos convocado huelga porque el Gobierno, tras haber dicho reiteradamente el partido que lo sustenta durante la campaña electoral que la "concertación social" iba a ser uno de los ejes de su actuación en esta legislatura, ha adoptado medidas regresivas de forma unilateral, sin negociación con los sindicatos. La promesa de "negociarlo todo" no era fundada. Se nos ha convocado a múltiples reuniones pero para comunicarnos decisiones que ya habían sido pactadas con la derecha, nacionalista y no nacionalista.

Esas medidas son profundamente negativas. Implican un retroceso en los derechos de los trabajadores y un reparto totalmente injusto de los sacrificios de la crisis. Recortan prestaciones sociales básicas para millones de personas, como son las pensiones a el desempleo, mucho más necesarias en periodos de crisis. Implican también una congelación, unilateralmente decidida, de las retribuciones de los empleados públicos que conllevará la pérdida de más de cinco puntos de poder adquisitivo para los próximos años, y que debe sumarse a la ya sufrida durante 1993.Hemos convocado huelga el 27 de enero porque el conjunto de decisiones adoptadas los últimos meses implica una inaceptable huida hacia adelante. El Gobierno, ante la constatación del total fracaso de su política económica y el derrumbamiento de todas sus previsiones (está ahí, por ejemplo, el Plan de Convergencia, de febrero de 1992, donde se,dice que hasta 1996 se iban a crear un millón de empleos: desde esa fecha ya llevamos perdidos más de quinientos mil), opta por no cambiar la orientación, como parecería ser lo lógico, sino por acentuarla. A la hora de explicar el paro masivo, el no mencionar siquiera las decisiones que en el campo económico se han adoptado los últimos años para centrarlo todo en determinados preceptos de la legislación laboral es sencillamente absurdo.

Hemos convocado huelga general porque se ha puesto en marcha una contrarreforma laboral profundamente regresiva. No es cierto que la legislación española sea un prodigio de rigidez y que mediante estas reformas vamos a "homologarnos" con Europa. Todos los estudios conocidos, tanto de la Comunidad como de nuestro país, indican que estamos en un término medio. Somos más rígidos en algunas cosas y muchísimo más flexibles en otras, como es el sistema de contratación a la carta que ha llevado a una precarización enorme de nuestro mercado de trabajo. La reforma es un ataque al derecho del trabajo y elimina garantías esenciales de los trabajadores.

Nada tiene de europeo el contrato de aprendizaje, porque no es una norma destinada a dar formación teórica y práctica a un joven mientras realiza un trabajo, sino, sencillamente, una pretensión de contratar a miles de personas como mano de obra barata. Esto ya pretendió hacerlo el Gobierno en otras oportunidades y no pudo. Al parecer, considera que la correlación de fuerzas le resulta ahora totalmente favorable para poder imponerlo a los trabajadores.Ciertas afirmaciones al uso -como la de que "jamás aceptaremos el despido libre"- no son más que sofismas. Con la nueva legislación se abarata fuertemente el coste del despido, que ya era considerablemente más bajo que en varios países de Europa. Los cambios en el caso del despido colectivo son profundísimos: la eliminación de la autorización administrativa implica que una empresa pueda eliminar ' sin información ni negociación previa, el 40% de su plantilla por año. Al modificarse los criterios actuales, ya no será necesario que se registren pérdidas ni que los problemas sean actuales: será autorizada para despedir una empresa, incluso con beneficios, que prevea que pueda tener dificultades en el futuro. Al parecer, se trata de dar carta de ciudadanía a una nefasta cultura del despido como revolucionaria medida para generar empleo. En realidad va a generar más paro, como ha ocurrido en otros países y como algún miembro del Gobierno ha reconocido.

. Por todo ello, la huelga general de pasado mañana es una respuesta obligada de los trabajadores ante la más grave agresión que se ha decidido desde la reinstauración de la democracia. Lo que está en juego no es una cuestión coyuntural sino, en gran medida, el modelo de sociedad que queremos.