El fiscal pide 720 años de cárcel para los Izquierdo,

La ira contenida y el dolor estallaron al fin en la sala de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, y una veintena de vecinos de Puerto Hurraco que se encontraban entre el público les devolvieron a los hermanos Izquierdo, en alguna medida, la visita del rencor que los acusados realizaron la nochedel 26 de agosto de 1990. En el peor de los casos, si el juez acepta la máxima petición fiscal, cada uno se vería condenado a 360 años de cárcel, es decir, 720 años en total.

Cuando Emilio y Antonio, vestidos exactamente, igual que el día anterior, se levantaron para hablar -elpresidente del tribunal había cortado, antes, todos los intentos de interrupción a cargo de Emilio-, después de la pregunta de rigor -"¿Tienen ustedes algo que alegar?"- que siguió a la exposición de las conclusiones de los letrados, un rugido sordo se fue apoderando del público, y las exclamaciones, los insultos y las quejas desesperadas obligaron al tribunal a retirarse, dando por concluido el juicio, y a las fuerzas del orden a intervenir, primero desalojando la sala, y luego protegiendo a los vecinos de la curiosidad de las cámaras.Fue el colofón no inesperado a una vista tan breve -día y medio- como intensa. E n nombre del ministerio fiscal, el magistrado Antonio Sánchez Galante abrió la sesión asegurando en sus conclusiones que la venganza fue el móvil que empujó a los Izquierdo al asesinato múltiple -que se saldó con el asesinato de nueve personas y el intento fallido de quitar la vida a otras seis-, "pero con la intención de vengarse de todo Puerto Hurraco, no sólo de la familia Cabanillas", con quienes los Izquierdo mantienen una vieja querella desde hace 30 años, agudizada por la muerte de su madre, ocurrida en 1984, en un incendio cuya autoría achacan los acusados a los Cabanillas, y a la Guardia Civil y al vecindario de Puerto Hurraco en pleno.

"Entendemos que hubo un acuerdo previo entre los hermanos Izquierdo por esa unión de voluntades en la realización de los hechos, que se desprende de todas sus declaraciones precedentes". Aunque los acusados desmintieron, en el juicio oral, el contenido de tales declaraciones, éstas fueron tomadas constitucionalmente, por lo que deben ser tenidas en cuenta".

Matanza indiscriminada

El ministerio fiscal especifica en sus conclusiones que el hecho de que murieran determinadas personas es algo circunstancial y es drádico, por cuanto los hermanos "fueron a matar indiscriminadamente y a cuantas más personas mejor", y tiene en cuenta los agravantes de nocturnidad -"Estuvieron haciendo tiempo en las afueras del pueblo hasta que oscureció, amparándose en la noche para salir indemnes"-, premeditación hizo hincapié en la sobrecogedora frialdad con que prepararon el asunto desde que tomaron la decisión por la mañana del mismo día, en la determinación con que apuntaron a matar- y la premeditación implícita.

Dijo además el magistrado que "en virtud del dolo eventual", los dos hermanos se representan y asumen todos los hechos que. allí (en Puerto Hurraco) suceden", por lo que no cabe hablar de la inocencia de Antonio, quien, en sus últimas declaraciones -contradiciéndose con las primeras y con lo declarado por testigos presenciales- asegura haber disparado sólo al aire.

Teniendo en cuenta que, según los informes psiquiátricos periciales, podría darse una eximente incompleta o bien un atenuante -bien entendido que la neurosis obsesiva que sufren los acusados disminuye la capacidad volitiva, aunque no la intelectual-, Sánchez Galante solicitó, en el primer caso, la pena de 25 años por acusado y asesinato, y 12 años por acusado y asesinato frustrado; y, de determinarse atenuante, de 28 años y,18, respectivamente. Es decir, 360 años para cada uno, en el peor de los casos, o 297.

Los acusados, que, probablemente, habían sido sedados por prescripción médica para que no se exaltaran como en la sesión anterior, escucharon la exposición con indiferencia, y sólo abandonaron su aburrida expresión cuando la acusación particular -los letrados Vicente Jimeno Ferrera y José Manuel Recalde Díez- insistieron en la necesidad de castigar con la prisión a quienes "no por la magnitud de su delito hay que contemplar como locos".

La acusación privada pidió Para los hermanos 30 años de prisión mayor por asesinato y acusado, así como una responsabilidad solidaria de 60 millones de pesetas para el padre de las niñas Antonia y Encarna, las primeras en resultar asesinadas.

El magistrado Recalde, en representación de la familia Ojeda Sánchez, solicitó la misma pena de 30 años de prisión mayor, más 17 años por cada asesinato frustrado, e indemnizaciones por una suma de 280 millones de pesetas.

Es interesante hacer `constar que los Izquierdo son prácticamente insolventes, puesto que, entre todos, los hermanos, sólo tienen ocho millones de pesetas en el banco, de los que únicamente la mitad pertenece a Emilio y Antonio.

"Tengo que defenderles"

El abogado defensor, Javier Luna Guerrero, pidió previamente a los familiares de las víctimas que no identificaran su cometido profesional con sus sentimientos -"Yo tengo que defenderles, pero eso no quiere decir que admita lo que hicieron"- y basó todo su alegato en la supuesta enajenación mental que, en su opinión, debe pesar para que sus defendidos sean enviados a un hospital psiquiátrico en lugar de a la cárcel, "porque me atrevo a pensar que no resistirían la prisión, dada su mutua dependencia, y si murieran serian culpables los psiquiatras y psicólogos que han pasado por aquí".

"¡Peor están en el cementerio!", gritó una mujer, y la sala abucheó al letrado.

El caso quedó listo para sentencia, que probablemente se dictará a principios de la próxima semana.