La Comunidad impondrá horarios restrictivos si los comerciantes no pactan

VIENE DE LA PRIMERA PÁGINALa Asociación Nacional de Grandes Superficies (ANGED) se mantiene en su trece de defender la libertad de horarios y la apertura de todos los festivos: la libertad absoluta de comercio, consagrada en el decreto Boyer de 1985. Su presidente, José Serrano Carvajal, declaró ayer que no entiende cómo existen grupos que se definen como liberales y a la vez defienden la regulación restrictiva de la actividad comercial.

El director de Comercio sentenció ayer que con esta postura, la ANGED "se va a quedar bastante sola" en la negociación. Una apreciación bastante significativa si se tiene en cuenta que a continuación señaló que la Comunidad optará por una solución que "satisfaga a los intereses de la mayoría".

Al gusto de todos

"El problema que estamos abordando es difícil solucionarlo al gusto de todos; hay que escuchar a todos los intereses del sector, porque también dentro de los pequeños comercios hay diversos intereses sobre la apertura de festivos, como los floristeros, o los pasteleros, o los vendedores de muebles", añade.

El director general de Comercio de Madrid rechaza de plano las críticas de las grandes superficies sobre el supuesto atentado a las libertades que supone la limitación de horarios: "Si nos ponemos así, resulta que los ciudadanos menos libres del mundo son los alemanes, los franceses, los ingleses, los italianos... En ninguno de sus países se abre un solo día de fiesta; regular que se abran ocho días al año no es ninguna aberración".

Las pequeñas superficies mantienen, para defender la regulación legal, que "las libertades deben estar enmarcadas en una normativa que permita su ejercicio", según palabras del presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Empresarios de Madrid (Unipyme), Fernando González Olivé.

El presidente de la Unipyme se queja de que el decreto marco aprobado por el Gobierno central no contenta a ninguna de las partes; "quizás a las grandes superficies, aunque su táctica sea decir que no", puntualiza. Su propuesta, que limita la apertura de tiendas a 62 horas semanales -diez horas menos de las fijadas en el decreto y defendidas por sindicatos y Comunidad-, es "innegociable", según González Olivé.

Los pequeños comerciantes quieren una ley nacional que unifique la normativa sobre el sector. Lo contrario, dicen, sería "una barbaridad". Sobre la posibilidad de que, llegado el 15 de febrero sin un acuerdo, la Comunidad imponga su postura, el presidente de Unipyrne advierte: "Que resuelvan con un decreto y veremos quién gobierna en Madrid tras las próximas elecciones, porque son muchos los damnificados por este asunto".

El representante de los pequeños comercios sostiene que la postura de ANGED responde a los intereses de multinacionales extranjeras, que "no se han enmarcado en el mercado español, lo han invadido". No entiende por qué a ellos se les plantea como demanda social la apertura en festivos, y cuestiona: "Entonces también la Administración y los bancos tienen que abrir los días de fiesta, ¿no?".

Para los pequeños comerciantes, la compra de los domingos es "una necesidad que se ha impuesto en España por una fuerte campaña de marketing que sólo satisface a intereses extranjeros".

Las grandes superficies, en cambio, no dudan de que el lleno de los hipermercados los días de fiesta responde a un cambio en la sociedad española, propiciado por la incorporación de las mujeres al trabajo.

86.000 establecimientos

Sea cual sea la tesis que se adopte finalmente -por acuerdo o por decreto-, afectará a los más de 86.000 establecimientos comerciales que coexisten en la Comunidad de Madrid: 30 grandes almacenes, más de 30 medianos comercios, 60 mercados y 356 galerías de alimentación; el resto son pequeñas tiendas.

El sector da trabajo a más de 213.000 personas, de las cuales 180.000 se emplean en pequeños comercios. En los grandes almacenes trabajan 16.000 personas, 12.000 en los hipermercados y 5.000 están empleadas en cadenas de alimentación, según datos de UGT.

"Salga lo que salga, las grandes superficies lo recurrirán ante los tribunales". Así resumió el Director General de Comercio de la Comunidad de Madrid, Enrique Zaragoza Carbonel, su impresión sobre lo que se avecina.A pesar de haber previsto innumerables conversaciones con todos los grupos sociales y económicos afectados por el comercio, el director augura que el último sillón en el que se hable será un banquillo de juzgado. Los sindicatos y pequeños empresarios defendieron el justo control de las libertades. Pero el portavoz de las grandes superficies, José Serrano, tenía preparado un alegato: "¿Cómo se pueden ampliar las competencias en materia de comercio de las Comunidades Autónomas por decreto-ley, y no por ley orgánica, contraviniendo claramente la Constitución? Esto habrá que verlo ...".