No jugar y perder

JUAN HORMAECHEA, presidente de Cantabria, jugó sus bazas y ganó. El socialista Jaime Blanco, que presentó una moción de censura contra el anterior, jugó las suyas y perdió. El Partido Popular (PP) no jugó, pero también perdió, y más que nadie: sigue uncido al caudillo cántabro.A partir del 2 de febrero, y durante tres días a la semana, el presidente de Cantabria se sentará en el banquillo para responder de los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación de que está acusado. La acusación es consecuencia del traslado a la judicatura de los resultados de una investigación parlamentaria sobre supuestas irregularidades en relación con adjudicaciones administrativas dudosas, gastos de difícil justificación y endeudamiento imprudente. Puede que sea condenado o puede que no, pero ni siquiera esa eventual absolución modificaría las opiniones que sobre la gestión de Hormaechea han venido expresando los dirigentes locales y nacionales del PP desde su (última) ruptura: arbitraria, contraria a los intereses de los cántabros, distorsionadora de los métodos democráticos, etcétera.

El compromiso de Aznar de anteponer la dignidad al poder no pasó la prueba de la práctica cuando Hormaechea sacó, en las autonómicas de 1991, siete diputados más que los ocho obtenidos por la lista del PP. El argumento del PP para sostener a Hormaechea fue entonces el de la necesidad de facilitar la gobernabilidad en una región en la que existía una clara mayoría de centro-derecha. Ello es cierto, pero también que José María Aznar se proclamó incompatible con los métodos y estilo de Hormaechea, y que esa incompatibilidad fue solemnemente reafirmada por el congreso del PP de febrero pasado. Por lo demás, hablar de gobernabilidad es un sarcasmo cuando, desde la ruptura de su grupo, el Ejecutivo que preside Hormaechea está apoyado por apenas la quinta parte de los parlamentarios de la Asamblea regional: 8 de un total de 39.

Una mayoría incapaz de articularse podrá ser una mayoría social, pero no es ya una mayoría política. Por ello, el criterio de la existencia de una mayoría de centro-derecha en Cantabria habrá de ser tenido en cuenta, pero no podrá ser el único criterio a considerar; sobre todo, no puede ser una excusa para no hacer nada mientras la situación se degrada a ojos vista. En la famosa macroencuesta del CIS de fines de 1992, el Gobierno cántabro era, de entre los de las 17 autonomías, el peor valorado por sus propios ciudadanos en honradez, eficacia, estimación global de la gestión y calificación de su presidente. Había, por tanto, buenos motivos para intentar la sustitución de Hormaechea antes de que se inicie su juicio, y el PP era, en teoría, el más interesado en que ello ocurriera.

Jaime Blanco lo ha intentado y ha fracasado al no contar con el apoyo del PP. El argumento del candidato socialista ha sido que la situación era insostenible. Seguramente lo era, pero en política todo argumento subjetivo necesita el apoyo objetivo de los votos, y si no contaba con los de los diputados del PP su iniciativa era más bien aventurera. Pero del PP precisamente, y no sólo de ese par de tránsfugas cuyos votos, al parecer, esperaba (ilusamente, como se ha visto). Cualquier salida que no implicase el compromiso del PP habría estado viciada de origen, por lo que el principal objetivo debió ser conseguir ese compromiso, planteando para ello, si fuera necesario, fórmulas como la de un Gobierno de gestión u otras. Escarmentado por la experiencia de Aragón, Felipe González tuvo interés esta vez en hacer conocer su oposición a la aventura de Blanco. El empecinamiento de éste tiene algún atenuante. La pasividad del PP, por el contrario, ninguno.