Profesión: político

EN ESPAÑA hay, si se incluye a los autonómicos, 1.838 parlamentarios. Además hay unos 75.000 concejales y alcaldes. Son cargos, en su mayoría, remunerados. Si se añaden los liberados de los partidos y sindicatos y los técnicos y directivos contratados por las administraciones o las empresas públicas, sale una buena cantidad de profesionales de la política.Esa profesionalización es un reflejo natural de la división del trabajo propia de las sociedades desarrolladas. Sin esa profesionalización, a la política sólo podrían dedicarse, como en el siglo XVIII, los aristócratas con rentas, o, como en la Restauración, los funcionarios públicos (que tienen el puesto asegurado de por vida). Pero esa profesionalización suscita algunas inquietudes. De entrada, la sospecha de que puedan utilizar su capacidad normativa en beneficio propio: son ellos quienes, en cada ámbito correspondiente -Ayuntamiento, Parlamento, etcétera-, fijan las normas que regulan su propio régimen salarial y laboral. Y no faltan pruebas de comportamientos ventajistas en ese terreno: percepción de una parte creciente de sus ingresos en forma de dietas -que no tributan a Hacienda-; compensaciones extraordinarias para altos cargos tras su cese, incluso si pasan a otro puesto en la Administración; acceso a la jubilación máxima tras haber cotizado durante no más de dos legislaturas; pensiones vitalicias para consejeros autonómicos con dos años de ejercicio; contratos blindados en determinadas áreas de la Administración...

Algunos de esos privilegios han sido el fruto de interpretaciones abusivas de normas previstas para otros fines (por ejemplo, pensiones vitalicias que fueron pensadas para resolver el problema de viejos dirigentes políticos de los años de clandestinidad, etcétera). Pero la novedad del momento es que el silencio cómplice de otros tiempos ha sido sustituido por una carrera por ver quién se coloca a la cabeza de los fustigadores de privilegios y abusos. Tan sólo en la última semana se han producido, entre otras, estas iniciativas: la propuesta por parte del presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso de que se prive de su sueldo de diputados a los parlamentarios que hayan sido autorizados para desarrollar actividades privadas; el planteamiento por parte del portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, de la posibilidad de suprimir la pensión indemnizatoria de los ex ministros del Gobierno; la decisión por parte del propio Gobierno de prohibir, a partir del 1 de enero, los contratos blindados de los altos cargos.

El argumento principal para justificar estas reformas es que los dobles sueldos y demás privilegios alejan a los políticos de la sensibilidad del ciudadano común, especialmente en periodos de crisis. Ello es muy cierto, pero no es seguro que la receta sea aumentar su exclusividad: un personal político íntegramente formado por profesionales de la política, sin oficio ni beneficio, y, por tanto, sin libertad para irse en caso de desacuerdo, no es necesariamente más honesto y resistente a presiones o privilegios. En. cuanto a los contratos blindados y demás ventajas ofrecidas a los técnicos para atraerlos hacia la Administración, su justificación en nombre de las leyes de mercado es dudosa. Primero, porque la experiencia indica que no por pagar más llegan a los puestos públicos los mejores profesionales. Es el prestigio de esa función, el reconocimiento social que incorpora, y no los salarios, lo que atrae a los mejores directivos en países como Francia, por ejemplo. Es verdad que muchos de ellos ganan más cuando abandonan el cargo público, pero esa superior cotización es con frecuencia consecuencia de su paso por el cargo -en el que adquieren notoriedad, contactos, experiencia-, y no al revés.

En todo caso, la transparencia es la mejor barrera entre la profesionalización y el privilegio injustificado. Que se sepa lo que gana y lo que gasta toda persona que vive del presupuesto es la más segura garantía contra los abusos y, de paso, contra la demagogia de los fariseos que cobran por escandalizarse tanto de los privilegios de los políticos como de las medidas que intentan ponerles coto.