La dificultad para encontrar terrenos paraliza la edificación de ocho cárceles

El Ministerio de Justicia tiene dificultades para encontrar terrenos en ocho provincias en las que pretende edificar otras tantas cárceles, dentro del plan aprobado por el Gobierno en julio de 1991. Además de los problemas estrictamente técnicos, la Administración debe enfrentarse a numerosos problemas derivados de la fuerte oposición de los vecinos a que en sus municipios se erija una prisión. "Esto entorpece enormemente el proceso de construcción de los nuevos centros, que se convierte, en ocasiones, en una carrera de obstáculos" afirman fuentes de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios.

Sólo cinco de las seis prisiones que estaban en fase de construcción al aprobarse el plan de amortización y creación de centros penitenciarios han sido inauguradas: Navalcarnero y Valdemoro, en Madrid; Picasset II, en Valencia; Villabona, en Asturias, y Melilla. Al no haber obtenido la licencia municipal, Justicia no ha podido abrir la nueva cárcel de Segovia.El plan prevé para antes de 1997 la construcción de otros 18 centros, cada uno con capacidad para 950 presos. Pero sólo se ha iniciado la construcción de los de Soto del Real (Madrid) y Topas (Salamanca). En Huelva se ha ultimado el movimiento de tierras, pero Justicia está a la espera de conseguir la licencia municipal y la autorización de la Junta de Andalucía para empezar a construir.

La Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios asegura que dispone ya de terrenos en Dueñas (Palencia) y Curtis (La Coruña), a la vez que ha iniciado o iniciará en breve el proceso de expropiación para la adquisición de suelo en Huelva, A Lama (Pontevedra), Albolote (Granada) y Zuera (Zaragoza).

En esta última población hay un fuerte movimiento vecinal opuesto a la construcción de la cárcel y, ante la dificultad de conseguir el terreno por cesión del municipio, el Gobierno ha tenido que echar mano de la Ley de Expropiación Forzosa. Precisamente ayer, la coordinadora vecinal contra la nueva cárcel de Aragón organizó un referéndum en Zuera, en el que el 51,56% de los vecinos se pronunció contra de la concesión de las licencias municipales, según los datos ofrecidos por los organizadores, informa desde Zaragoza, Javier Torrontegui.

Hay otras regiones donde la Administración no ha podido encontrar terrenos, "pese a los esfuerzos de búsqueda y localización". Éste es el caso de Murcia/Alicante, Algeciras (Cádiz), Toledo, Vizcaya, Guadalajara, Gran Canaria, Mallorca y Navarra, según fuentes de Asuntos Penitenciarios.

El Ministerio de Justicia asegura que está obligado a llevar adelante el plan de modernización de prisiones ante el elevado déficit de plazas penitenciarias actualmente hay 45.000 reclusos- y teniendo en cuenta que está previsto el cierre de una treintena de cárceles antiguas.

Sentencias del Supremo

El Tribunal Supremo, a través de varias sentencias, ha avalado la postura del Gobierno al sostener que "el interés supralocal debe primar sobre el interés local" de los ayuntamientos que se oponen a la construcción de cárceles en sus respectivos municipios. Esto es lo que ha permitido iniciar la construcción de las prisiones de Alhaurín de la Torre (Málaga) y Soto del Real (Madrid).La sentencia del Supremo de 18 de septiembre de 1990 sostiene que "el notorio hacinamiento de la población reclusa" que hoy existe impide los fines de reeducación y reinserción social de los penados que están contemplados en la Constitución.

"Ha de reputarse de excepcional interés público cualquier medida que tienda al logro de los mencionados fines: se trata de vidas humanas cuyo futuro podrá discurrir por uno u otro camino según la eficacia que alcance el servicio penitenciario", afirma el alto tribunal.