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Bélgica intenta calmar la indignación española

La justicia califica la actitud belga de "disparatada", "insólita" y "rechazable"

"Estas cosas no deben ocurrir en la Unión Europea". Con tal contundencia confirmaba ayer Felipe González su predisposición a llevar hasta el final el contencioso que enfrenta a España y Bélgica. La liberación, el miércoles, de dos presuntos etarras ha indignado al Ejecutivo y al Poder Judicial españoles. El titular de Justicia, Juan Alberto Belloch, advierte que España "reaccionará enérgicamente" contra esta lamentable y disparatada" decisión. La réplica del ministro belga de Exteriores, Willy Claes -"esperamos que los españoles respeten las decisiones de nuestros jueces"-, ha caldeado el ambiente de tal forma que sólo la promesa de que Bruselas recurrirá contra la puesta en libertad de los terroristas y un previsible encuentro anoche entre González y el primer ministro Jean-Luc Dehaene permitían albergar esperanzas de un arreglo amistoso que no enturbie la cumbre que la UE inicia hoy.

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Pocas horas después de que el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, anunciase en dos emisoras de radio que España no permitirá la lamentable y disparatada" actitud de los jueces belgas, el presidente del Gobierno, Felipe González, ratificaba en Bruselas claramente este mensaje de indignación: "La posición española ya la han expuesto los ministros de Justicia e Interior. Estas cosas no deben ocurrir en la Unión Europea".Belloch acababa de advertir que, mientras no se resuelva el contencioso con Bélgica, España impedirá en la Unión Europea toda iniciativa relacionada con las políticas de asilo. "El Gobierno belga lo ha comprendido bien. Espero que todo pueda terminar", sentenció González a su entrada en la sede del Parlamento Europeo. El titular de Interior, Antonio Asunción, se sumó ayer en Vitoria al criterio del presidente: "Tengo confianza en la sensatez del Gobierno belga, y en que finalmente rechace la solicitud de asilo que han presentado en un pais miembro de la Unión Europea dos presuntos delincuentes de otro país miembro".

El presidente español no quiso desvelar si planteará hoy el caso en la cumbre de la UE, que paradójicamente preside Bélgica, y negó que fuese a entrevistarse anoche con el primer ministro Dehaene. "No está previsto ningún encuentro ni creo que sea necesario. Lo que se debía haber hecho ya se ha hecho", dijo. Sin embargo, Dehaene afirmaba poco después: "Probablemente hablaré con González, pero le confirmaré lo que ya le he dicho en Madrid. Siempre he dicho que íbamos a recurrir, pero debemos respetar nuestras instituciones judiciales, como respetamos las de España".

Un mensaje similar transmitió el primer ministro belga al presidente del PP, José María Aznar, quien ayer se encontraba en Bruselas asistiendo al congreso del Partido Popular Europeo.

La puesta en libertad de los etarras Raquel García y Luis Moreno, en base a que las declaraciones que los acusan fueron efectuadas por otro activista sometido presuntamente a malos tratos por la policía española, es considerada como una clara injerencia por el Gobierno español, cuya indignación comparten jueces y fiscales de la Audiencia Nacional.

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Libres, pero vigilados

El Ejecutivo belga se apresuró ayer a confirmar que recurrirá el fallo al objeto de poder conceder la extradición solicitada por España. Como garantía, un portavoz del Ministerio de Justicia afirmó que los dos etarras, a pesar de que abandonaron la prisión la tarde del miércoles, no abandonarán el país. Aunque el Ejecutivo de Jean-Luc Dehaene no lo ha querido admitir oficialmente, todo indica que la policía sigue los pasos de los dos colaboradores de ETA a pesar de que la orden de libertad no les impide legalmente marcharse. Según estas fuentes, Luis Moreno y Raquel García "serían detenidos en cuanto traspasaran la frontera y posteriormente extraditados a España", de lo que se deduce que la policía belga está siguiéndoles para poder advertir con tiempo a los países fronterizos o a los del destino que eligieran en caso de querer salir por vía aérea.

Si bien esto ha tranquilizado a las autoridades españolas, el ministro de Justicia era ayer especialmente crítico con Bélgica. "Lamentable, un disparate, una cadena de absurdos", dijo Belloch en la Cadena SER y Radio Nacional. La indignación llevó al ministro a mostrarse partidario de "reaccionar enérgicamente" ante este hecho y a reiterar que España bloqueará el avance en las políticas de asilo en la Unión Europea mientras no se resuelva este contencioso. A juicio de Belloch, éste es un problema que no sólo afecta a España, sino al conjunto de la Unión Europea.

"¿Cómo resulta posible que un Estado perteneciente a la UE pueda tener un sistema normativo, unas reglas de juego que hacen posible una cadena de absurdos?", se preguntó. En su opinión, lo que ha hecho Bélgica es "un disparate", y el mayor de los absurdos, insistió, es que admita la posibilidad de que puedan convertirse en asilados quienes, además de estar acusados de terrorismo, pertenecen a otro Estado de la UE.

"En ningún país se ha llegado a esta situación. Era una especie de convención no escrita", sentenció el ministro, quien apostilló: "Es un disparate tan obvio que, de hecho, en ninguna práctica judicial de ningún país se había producido una situación semejante".

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