Irritación en la Audiencia Nacional

La decisión de una juez belga de liberar a los dos presuntos etarras Luis Moreno Ramajo y Raquel García Aranz sentó ayer como una auténtica bofetada en la Audiencia Nacional, cuyas autoridades la calificaron de "irritante e insólita". El presidente de la audiencia, Clemente Auger, declaró en Santander que la decisión de la juez belga es "inadmisible", informa Jesús Delgado. "La Unión Europea", afirmó, "no puede pasar por alto una situación como ésta. La petición de asilo de los dos presuntos etarras debía haber sido rechazada de plano y sin ningún tipo de estudio. Lo mismo que España rechazaría cualquier petición que afectase a un ciudadano flamenco o valón acusado de comportamientos ilegales en Bélgica".El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, señaló que le parecía "insólito" que una petición de asilo político de dos presuntos etarras pueda paralizar una demanda de extradición formalizada por un Estado miembro de la Unión Europea. El caso "es más insólito aún si se tiene en cuenta que Bélgica fue el primer país que concedió una extradición de un etarra a España en 1984, antes incluso que Francia" añadió Fungairiño. El teniente fiscal explicó que el extraditado entonces fue Salvador Ormazábal Corral, Gaizka, acusado de asociación ilícita en su modalidad de pertenencia a banda armada, la misma acusación por la que han sido reclamados Moreno Ramajo y García Aranz.

Para Fungairiño, "resulta lamentable que esa petición de asilo paralice la extradición. "La posición de Bélgica es contradictoria", añadió, "porque este país ratificó el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, que impide que los nacionales de un país puedan pedir asilo alegando motivos políticos".

Fungairiño juzgó "correcta" la actuación del Gobierno español y dijo que éste tiene el derecho a ejercitar todos los recursos a nivel político, "incluyendo la ausencia de reciprocidad en materia de extradición pasiva", es decir, la negativa española a las extradiciones que pida Bélgica. En 1992 España tramitó tres demandas de extradición de Bélgica, según la Fiscalía del Estado.

"Pero lo más irritante", prosiguió, "es que se alegue una presunta violación sistemática de los derechos humanos. Una cosa es la denegación de la extradición por razones técnico-jurídicas y otra que se paralice o se imposibilite aludiendo a la vulneración de los derechos humanos", añadió.

Moreno Ramajo y García Aranz están acusados de alojar a los miembros del comando Vizcaya de la banda terrorista ETA Juan Ramón Rojo, Kepa Urra, Javier Martínez Izaguirre y Juan Carlos Iglesias Chouzas, autores de varios asesinatos en 1992.