Y no hubo nada
HACE CASI un año, a raíz del estallido del caso KIO, el Partido Popular (PP) anunció su intención de acusar al Gobierno de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) por incumplimiento de la normativa en relación a inversiones de Gobiernos extranjeros. Adujo en plena campaña electoral que paralizaba su propósito para que no se confundiera con un vulgar electoralismo. Y lo congela definitivamente ahora.Esta marcha atrás es tardía, pero sensata. El PP buscó criminalizar la aprobación gubernamental de las inversiones de KIO ante la opinión pública, en lugar de hacerlo en el juzgado de guardia. Reconoce ahora, retrospectivamente, que no había materia suficiente para que prospere una acción penal. La oratoria de entonces queda en palabrería.
La elección de la vía de impugnación ha tenido consecuencias lamentables. Si en vez del anuncio -a la postre, falso- de acogerse a la vía penal el PP hubiera acudido a la vía contencioso-administrativa y a la parlamentaria, hubiera quedado al desnudo una verdad como un templo. A saber, que el Gobierno no siguió con la vigilancia debida las inversiones especulativas del grupo KIO y que no tomó cautelas bastantes para evitar la enorme crisis empresarial sobrevenida (500.000 millones de inversión evaporados, 100.000 empleos en peligro).
Así, el PP arrojó sombras sobre el Gobierno, pero no hizo aflorar los errores político-administrativos en que éste había incurrido, ni llevó al Parlamento uno de los episodios más bochornosos de la era del boom de la economía especulativa. Fuese, y no hubo nada. Pero algo había, y mucho, aunque no materia de tribunales, sino de política.
