González intervino para despejar ambigüedades en el texto de reforma del mercado laboral

Felipe González eliminó personalmente numerosas ambigüedades del borrador del proyecto de ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores, presentado por el ministro de Trabajo al Consejo de Ministros, que podían dejar la puerta abierta a interpretaciones y confusiones. Esta modificación del estatuto forma parte, junto con el proyecto de creación de empresas de trabajo temporal y el decreto-ley de fomento de empleo, del paquete legislativo de reforma laboral ha sido ésta una muestra más de la decidida apuesta política de González para sacar adelante la reforma.

El presidente del Gobierno ha sido drástico en la parte más delicada para los sindicatos, la flexibllización, con el aumento de las causas de despido, recogido en la modificación del Estatuto de los Trabajadores, según fuentes gubernamentales.Esta firme actitud del jefe del Ejecutivo le ha permitido bloquear el debate y las objeciones por la izquierda en el Consejo de Ministros a la propuesta. La controversia sólo se ha planteado por la derecha.

En las últimas semanas, algunos ministros habían expresado su inquietud, en público o en privado, y desde posiciones de izquierdas, por el alcance de las medidas. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, es uno de ellos. El ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, había expresado también algunas críticas ambiguas, como que "el mercado laboral no es como los otros mercados".Pero la inquietud de estos dos ministros no afloró en el Consejo del pasado viernes.

La firme decisión de González de llevar adelante la reforma laboral en los términos planteados ha bloqueado cualquier tipo de desmarque por la izquierda. A lo largo de los meses de noviembre y diciembre, la mayoría de los ministros han seguido a González en la venta de las medidas de reforma.

Pedro Solbes, ministro de Economía, había dicho una y otra vez: "La reforma es necesaria para que ganemos credibilidad en el exterior". Ministros independientes, como Cristina Alberdi, de Asuntos Sociales, y Javier Gómez Navarro, de Comercio y Turismo, se incorporaron a la campaña.

El ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, radicalizó sus posiciones tras la ruptura del diálogo con los sindicatos, y ante el grupo socialista, el día 30, llegó a manifestar que anularía la autorización administrativa para los despidos en todos los casos, cuando la reforma aprobada limita esa anulación sólo a algunos.

Lo que, sin embargo, sí se manifestó en el Consejo fue una oposición más liberal a la posición del ministro de Trabajo, sobre todo en la parte dedicada a los despidos. Fue un debate en el que el titular de Defensa, Julián García Vargas, planteó, frente a Griñán, la reforma del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, que establece las garantías del despido improcedente. Pidió lisa y llanamente su abaratamiento. García Vargas contaba con el respaldo del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, al que había avisado del contenido de su intervención.

Griñán se opuso a reformar este artículo, que establece que el despido improcedente conlleva una indemnización de 45 días por año, a la que se añaden 42 meses de desempleo, como máximo, y los salarios de tramitación.

Causas de despido

La argumentación del ministro de Trabajo fue que al ampliar las causas del despido -que tras la reforma ya no sólo es posible por causas económicas, sino también por razones organizativas y tecnológicas-, la utilización de la figura del despido improcedente se iba a restringir de manera notoria. Pese a todo, García Vargas insistió en la necesidad de abaratar el despido improcedente, porque se podía recuperar mediante el pacto entre empresa y trabajadores.Más allá del contenido del debate, su interés político radica en el cambio operado en el Consejo tras la salida de Carlos Solchaga del Gobierno, donde como ministro de Economía y Hacienda monopolizaba todos los debates. El talante más abierto y el carácter más técnico de su sucesor en el departamento, Pedro Solbes, da más juego a otros ministros.

La preocupación de González se ha centrado, en la fase previa a la tramitación parlamentaria, en lograr unos textos que ofrezcan pocas lagunas interpretativas, especialmente el proyecto de reforma del Estatuto de los Trabajadores.

Este proyecto, el más delicado para los sindicatos, contenía numerosas lagunas, posiblemente porque se dejó más tiempo abierto, ante la hipótesis de un acuerdo con los sindicatos, afirman fuentes socialistas.

También González ha expresado su preocupación de que el decreto-ley de fomento de empleo, en vigor pero pendiente de tramitación parlamentaria, frene la contratación por su sensación de "provisionalidad". Para contrarrestarlo, el Gobierno no hará modificaciones sustanciales.