El Gobierno inicia el jueves una negociación sobre la reforma laboral para intentar ganarse a IU y al PP

El Gobierno trata de implicar al Partido Popular (PP) y también a Izquierda Unida (IU) en la reforma, del mercado laboral. Así lo manifestó ayer el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, al anunciar que el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, convocará a partir del próximo jueves a todos los grupos parlamentarios, incluida IU, para negociar la reforma más importante que el Gobierno tiene ahora entre manos. Serra dijo también, para hacer valer estas medidas, que los efectos de los nuevos contratos de aprendizaje en el incremento del empleo se empezarán a notar en enero.

Narcís Serra aprovechó el acto conmemorativo del Día de la Constitución para vender la reforma del mercado laboral que el Ejecutivo ha decidido sacar adelante. Mientras el vicepresidente del Gobierno hablaba con los periodistas en una sala del Congreso, el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, departía en un extremo con el portavoz del PP en el Congreso, Rodrigo Rato. Tanto este partido como IU se incorporarán a las conversaciones iniciadas el pasado miércoles por el Gobierno con los partidos nacionalistas sobre la reforma laboral.Serra descartó que la negociación de esta reforma pueda extenderse a los sindicatos, a los que, no obstante, hizo un nuevo llamamiento para que acepten dialogar sobre el pacto de rentas. El ministro de Economía también lo reconoció: "Las negociaciones con los sindicatos no han dado resultado. Ahora se abre un trámite parlamentario, y serán los grupos políticos los que tendrán que tomar decisiones".

Polémica sobre el despido

Serra restó importancia a las diferencias que hubo en el Consejo de Ministros del viernes sobre el abaratamiento del despido improcedente. Incluso llegó a asegurar que "nunca los ministros han trabajado tan conjuntamente". Solbes admitió la existencia de discrepancias, pero trató de minimizarlas.El proyecto de reforma del mercado laboral, que hoy será enviado al Consejo Económico y Social (CES), se aprobará en el Consejo de Ministros del día 29. El vicepresidente del Gobierno insistió en que las medidas son de "sentido común" y aproximan la legislación española a la europea. A su juicio, si se lograse abrir un debate concreto sobre las medidas de reforma, "no sólo convencerían a los ciudadanos, sino también a los sindicatos".

Serra insistió en uno de sus argumentos preferidos en la defensa de la reforma: la solidaridad de los trabajadores empleados con los parados. Para argumentar la necesidad de la moderación salarial, dijo que el aumento del 6% de los costes salariales en los convenios será superior al salario bruto anual de los 500.000 trabajadores que han perdido su empleo este año.

"Lo único que queremos es que más españoles tengan trabajo y que la respuesta de una empresa en dificultades no pueda ser únicamente despedir trabajadores, sino que puedan hacer ajustes, por ejemplo, cambiando el horario, con movilidad interna o contratación a tiempo parcial, frente a lo que ocurre ahora, que es el simple despido", precisó el vicepresidente.

Serra también señaló que los efectos de los contratos de aprendizaje en el empleo se notarán al mes de su aplicación, pero los contratos a tiempo parcial necesitarán más tiempo para cuajar.

Se mostró moderadamente optimista sobre el futuro de la situación económica al señalar que algunos indicadores apuntaban cierta mejoría.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, afirmó ayer que la "reforma del mercado de trabajo planteada por el Gobierno hace recaer el peso de la crisis exclusivamente en los sectores sociales más débiles", según agencia Servimedia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 06 de diciembre de 1993.

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