El sector económico del Gobierno dará la batalla en el Parlamento para abaratar los despidos

Un sector del Gobierno no renuncia a dar la batalla para introducir cambios en el Estatuto de los Trabajadores que permitan abaratar los despidos. El área económica del Ejecutivo, encabezada por el vicepresidente Narcís Serra y el ministro de Economía, Pedro Solbes, tratará de aprovechar la tramitación parlamentaria para modificar las condiciones del despido improcedente, recogidas en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. En el Consejo de Ministros del viernes, el ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, consiguió evitarlo y paralizar el cambio del estatuto.

El sector del Gobierno favorable a dar esta batalla la justifica por la necesidad de atraer inversiones extranjeras. Según señalan fuentes gubernamentales, "España es el país de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) en el que resulta más caro el despido"."En esas condiciones es muy difícil competir y, sin duda, la modificación del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores es la clave de la reforma del mercado laboral", subrayan las fuentes consultadas.

El artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores señala que cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de unas percepciones económicas fijadas por la sentencia.

Las percepciones se concretan en una indemnización cifrada en 45 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 42 mensualidades. Los periodos de tiempo inferiores a un ano se prorratean por meses. A la indeminización hay que añadir los llamados salarlos de tramitación, esto es, una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se notifique la sentencia de la jurisdicción competente.

Batalla abierta

En la elaboración de este artículo y del conjunto de la ley en 1980 jugaron un papel crucial Joaquín Almunia, entonces asesor de UGT y luego ministro de Trabajo y de Administraciones Públicas, y Jerónimo Saavedra, actual titular de esta última cartera.

La batalla entre Economía y Trabajo quedó abierta sobre la mesa del Consejo de Ministros y tendrá como escenario el trámite parlamentario de los proyectos de reforma, que está previsto culminar el próximo abril con la votación en el Senado.

Mientras tanto, continúan las tomas de posición de las fuerzas políticas ante la reforma del mercado laboral y las discrepancias en el campo socialista. Las Juventudes Socialistas (JJ SS)hicieron público ayer un manifesto en el que dan su visto bueno a la reforma, pero discrepan de algunas de las medidas previstas.

Las críticas se centran en el nuevo contrato de aprendizaje. Piden que la edad máxima para la aplicación de estos contratos sea 21 años, en vez de los 25 que quiere el Gobierno, y que no dure más de dos años, frente a los tres propuestos por el Ejecutivo. También reivindican que el sueldo no sea inferior al 90% del salario mínimo, en lugar del 70%.

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