La dimisión no puede ser aceptada

El Tribunal Constitucional existe para controlar la constitucionalidad de la ley. Ésta es su razón de ser. Ésta es la naturaleza de la justicia constitucional. Si no fuera porque tienen que desempeñar esta función, los tribunales constitucionales no se habrían constituido nunca en Europa.Quiere decirse con ello, que en el Estado democrático europeo del siglo XX la posibilidad de que una ley aprobada por el Parlamento a propuesta del Gobierno sea anulada por el Tribunal Constitucional existe siempre. Así lo ha querido el constituyente, a fin de garantizar la supremacía de la Constitución sobre todas las demás normas del ordenamiento.

Ahora bien, porque esta posibilidad existe siempre, es por lo que la decisión estrictamente jurídica del Tribunal Constitucional no puede ser nunca interpretada como una censura política. Si así se hiciera, se estaría desnaturalizando la institución y se estaría afectando, y afectando de manera grave, al equilibrio entre los poderes del Estado querido por el constituyente.

Esta es la razón por la que la dimisión de Corcuera, tras la sentencia del Tribunal Constitucional anulando el artículo 21.2 de la Ley de Seguridad Ciudadana, no es que no deba, sino que no puede ser aceptada por el presidente del Gobierno.

El precedente de que una sentencia del Tribunal Constitucional anulando una ley, conlleve la dimisión del ministro que la propuso al Consejo de Ministros para su remisión al Parlamento, es terrorífico para el Estado de derecho configurado en la Constitución española.

Ciertamente ha sido el propio ministro el que se equivocó al afirmar que dimitiría si el Tribunal Constitucional anulaba algún precepto de la Ley de Seguridad Ciudadana. Nunca debió hacerlo, porque tal acción "no cabe" dentro del ordenamiento constitucional español.

Pero una cosa es que, en el calor del debate político, se digan cosas que no se debieron decir y que, después, en un clima tan enrarecido políticamente como el español de estos últimos meses, el ministro considere que es una cuestión casi de "honor" mantener las palabras que imprudentemente pronunció, y otra bien distinta que el presidente del Gobierno acepte una dimisión de este tipo.

Yo no sé si los españoles nos estamos volviendo locos, políticamente hablando. Pero cuando he oído y leído los comentarios que se han hecho tanto por dirigentes del PP e IU como por distintos medios de comunicación es ésa la impresión que he sacado.

Aquí se ha cometido un error político por parte de un ministro, error "comprensible" dado el clima de acoso al que fue sometido, y para corregirlo se propone que se cometa un error diez veces mayor.

¿Puede el Tribunal Constitucional funcionar, como la Constitución quiere que funcione, si sus decisiones jurídicas se interpretan como censura política?

Esto es lo que está en juego. No es para tomárselo con ligereza.