Los sindicatos creen que la reforma del despido y de los contratos justifica una huelga general

Los sindicatos empezaron ayer a hablar abiertamente de la convocatoria de una nueva huelga general. Incluso algún dirigente apuntó la fecha en torno al 15 o el 16 de diciembre. La reforma del despido que les acababa de comunicar el Gobierno, sumada a los cambios en la contratación conocidos el viernes, les parecen causas suficientes para una respuesta "contundente". Previamente, el Ejecutivo les había informado de que va a ampliar las causas objetivas para poder despedir. A las razones económicas y tecnológicas actuales se añaden las "organizativas o de producción". Y las empresas medianas y pequeñas -de hasta 300 trabajadores- podrán despedir al 40% de la plantilla en un año sin permiso administrativo.

Las ejecutivas de UGT y CC OO, incluidos sus máximos dirigentes Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, tenían previsto desde hace días reunirse hoy para terminar de perfilar las manifestaciones de protesta fijadas para el próximo jueves, día 25. Pero las últimas propuestas del Gobierno, que componen el grueso de la reforma laboral, han provocado que esas movilizaciones les parezcan insuficientes a los dirigentes sindicales.Ayer, sus representantes en la mesa del diálogo social adelantaron que para frenar lo que José María Fidalgo (de CC OO) denominó "despido libre" y "el aumento de la precariedad en la contratación" es precisa una respuesta más contundente "por todos los métodos legales y constitucionales". Apolinar Rodríguez (de UGT) precisó que eso incluye también una nueva huelga general e hizo un llamamiento para que "toda la sociedad española pare esas medidas, porque la única salida es que transformemos el miedo y la inquietud en indignación social". Agustín Moreno (de CC OO) sugirió una fecha para la huelga general en torno al 15 6 16 de diciembre.

Pese a esas declaraciones, los sindicalistas han optado por no levantarse de la mesa de diálogo e incluso han fijado un nuevo encuentro con el Gobierno -pendiente de confirmación para el próximo viernes, en el que se tratará la movilidad y la flexibilidad en el interior de las empresas. El argumento que dan para no romper el proceso es que ya no existe negociación, ni siquiera intercambio de opiniones, sino mera comunicación de los proyectos del Ejecutivo.

Ayer el Gobierno les informó de las reformas que va a inducir en los despidos. La más importante es la que amplía las causas objetivas, tanto para los individuales, como para los colectivos. A las razones económicas y tecnológicas, hora en vigor, se sumarán las causas organizativas y de proucción.

También se procede a diferenciar entre despido individual y colectivo que la legislación actual no precisa. El individual queda bajo el control posterior de los jueces y no necesita autorización administrativa previa. El colectivo sí y se considera como tal cuando afecte durante un periodo de 90 días a más de 10 trabajadores en empresas de menos de 100 asalariados; al 10% de la plantilla en empresas entre 100 y 300 trabajadores, y a 30 trabajadores en empresas de más de 300 asalariados.

La autorización administrativa previa, pues, se mantiene en esos casos, pero el periodo que tiene la Administración para responder a los expedienes de rescisión de contratos se reduce a la mitad, es decir a 15 días. También se baja de 30 hasta 15 días el plazo del periodo de consultas en los expedienes de suspensión de contratos.

El secretario general de Empleo, Marcos Peña, negó que esa reforma suponga el despido libre y dio estos argumentos: "Se mantiene la causalidad de los despidos y las indemnizaciones en 20 días por año trabajado -45 sólo para los despidos disciplinarios improcedentes- y se establece el carácter fraudulento cuando no haya causalidad". También aseguró que con esas reformas se adapta la normativa española sobre despidos a la Directiva Comunitaria 75/129.

Apoyo de CiU

Convergéncia i Unió (CIU) ya ha anunciado que va a apoyar en el Parlamento la reforma laboral diseñada por el Gobierno socialista, según avanzó ayer Maciá Alavedra, consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat y representante de ClU en las negociaciones con el PSOE sobre los presupuestos. Alavedra, aunque afirmó desconocer el contenido exacto de esa reforma, fue concluyente al asegurar que "el apoyo forma parte de la negociación sobre los presupuestos para 1994 y la ley financiera que actualmente se está tramitando en el Parlamento".