Borrell quiere subir las llamadas urbanas un 100% con la liberalización de las telecomunicaciones

El ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente (MOPTMA), José Borrell, es partidario de que la liberalización de las telecomunicacioens conlleve un aumento del precio de las tarifas urbanas del 100%, abaratando al tiempo las tarifas internacionales, y de establecer una "tarifa de acceso" para los operadores extranjeros que quieran trabajar en España.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos viene discutiendo en las últimas semanas el informe del Tribunal de la Competencia sobre liberalización de servicios de telecomunicaciones, transporte, suelo y servicios municipales, así como sendos "contrainformes" elaborados por Obras Públicas.

El informe de mayor calado económico es el referido a las telecomunicaciones. El Tribunal de la Competencia aboga por la liberalización más rápida posible dando entrada a nuevos operadores. José Borrell no se opone formalmente a la liberalización pero discrepa abiertamente en los plazos y propone condiciones previas. Para el Tribunal, la liberalización inmediata provocaría un mejor servicio y un mejor precio. El ministro señala que la rápida apertura del mercado concentraría las inversiones sólo en las zonas más rentables, dejando desprotegidos servicios y zonas geográficas.

Borrell propone que antes de liberalizar se adecúe el cuadro de tarifas a lo que viene siendo normal en otros países. Es decir, subir el precio de las llamadas urbanas el doble, abaratando a tiempo las tarifas internacionales, ahora artificialmente mucho más caras. Ésta era la situación de partida de procesos de liberalización como la del Reino Unido. Para el MOPTMA, es obligatorio, también, "garantizar la cobertura universal del servicio".

El calendario previsto para el ajuste de tarifas y la liberalización llega en la CE hasta el 1 de enero de 1998. Grecia, Portugal, Irlanda y España tienen cinco años más para integrarse.

Servicio público

Junto a todo ello, en el Ministerio se recuerda el carácter de servicio que tiene una parte de las telecomunicaciones y que, por lo tanto, existe un coste social en su mantenimiento que debería ser asumido por los operadores que quieran instalarse en España. Por eso propone establecer unas "tarifas de acceso" para ellos. Además, el ministro no es partidario de que el Estado pierda o rebaje el 33% de Telefónica.Lo que sí tiene previsto el MOPTMA es abrir el mercado de la telefonía móvil. En este caso, la decisión es que se incorpore un nuevo operador que trabaje con Telefónica, mediante un concurso que se abrirá a principios de 1944. Hasta el momento, hay tres grupos interesados en cubrir ese puesto: SRM (en la que se integran BBV, Iberdrola, Sevillana, Endesa, Gas Natural, Manesmann, Générale des Eaux y Vodaplione), SISTELCOM (con Central Hispano, Pacific Telesis, Unión Fenosa, Dragados y Fecsa) y COMETA (con PRISA, El Corte Inglés, Cajamadrid, La CaIxa, Bankinter, TISA y GTE).

En cuanto a la liberalización del transporte ferroviario, el Tribunal defiende la introducción de ciertas dosis de competencia a través de la concesión de un corredor de largo recorrido a una empresa distinta a Renfe, así como una línea de cercanías. En uno de los cuatro documentos remitidos a la Comisión Delegada, el MOPTMA señala que Renfe cuenta ya con un competidor en largo y corto recorrido, en el transporte por carretera.

Respecto a la polémica sobre el suelo y el urbanismo, el Tribunal defiende la Administración Local deje de regular el uso del suelo, consideración a la que más radicalmente se opone Borrell. El ministro, en otro de los documentos, cree que es necesario "mantener la intervención pública". A la vista de esta abierta discrepancia, ambas partes decidieron nombrar una comisión de expertos, presidida por el alcalde de Salamanca, Jesús Málaga, que estudiará a fondo el problema y emitirá un informe. Dicha comisión está formada por representantes de Economía, Obras Públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos, constructoras e inmobiliarias.