El respeto al bilingüismo

Finlandia podría ser un ejemplo de país donde se aplica de forma generosa el bilingüismo como sistema para respetar los derechos de su población suecohablante (en torno al 6% de la población, concentrada especialmente en la costa). Al contrario que en Bélgica o Suiza, donde se aplica el unilingüismo territorial -la lengua de la mayoría en cada territorio, cantón o distrito se impone a la minoría-, en Finlandia el sueco y el finés son a un tiempo lenguas oficiales y nacionales en todo el territorio de la república. Bien es verdad que la aplicación de este bilingüismo institucional no se aplica igual en distritos de una lengua o con presencia significativa de las dos.La ley reconoce el derecho de los ciudadanos finlandeses a emplear ante los tribunales y ante las autoridades administrativas su lengua materna, sea el finés o el sueco, y de recibir respuesta en ese mismo idioma. Ambas lenguas, pues, quedan salvaguardadas en pie de igualdad. Pero igualdad no significa igualitarismo; es decir, que esas lenguas reciben un trato equivalente a su situación, sea en difusión sea en necesidad de protección.

Las leyes, los decretos y los proyectos enviados por el Gobierno al Parlamento deben estar redactados en finés y sueco. Los soldados de leva, salvo que manifiesten lo contrario, serán incorporados siempre que sea posible en unidades en las que sus componentes tengan la misma lengua que ellos.

Las leyes de Finlandia excluyen el concepto de minoría lingüística para los suecohablantes. Sólo hay una excepción a este principio con la población de origen sueco de las islas Aland, que disfruta de un régimen de autonomía. En términos jurídicos, sólo los lapones, cuya lengua no es oficial, son considerados como una minoría.

La legislación finlandesa, conjuga los principios de personalidad y de territorialidad. El principio de personalidad reconoce al ciudadano, entre otras cosas, el derecho a comunicarse con la Administración en la lengua de su elección, incluso en una región donde el sueco no se utiliza, o muy raramente. Este principio, que está ligado al status lingüístico que el individuo se otorga, no equivale a la libertad absoluta de elección lingüística, en la medida en que su aplicación geográfica está matizada por el principio de territorialidad.

El principio de territorialidad reconoce a los miembros de un grupo o de varios grupos lingüísticos el derecho a beneficiarse de los servicios públicos en su lengua, dentro de ciertas regiones delimitadas. El ideal de igualidad lingüística absoluta no es aplicable, vista la debilidad numérica de los suecohablantes y el coste prohibitivo de una Administración que sería bilingüe en todo el territorio.