Dos de los detenidos por la red de escuchas, acusados de espiar a directivos; de Antena 3 y Tele 5

Dos de los detenidos por la red de escuchas desarticulada en Barcelona son considerados responsables de pinchazos telefónicos a directivos de Antena 3 y Tele 5, según informan fuentes de la investigación. En concreto,tales hechos serían obra de Manuel María Sánchez y del detective Juan García Vergés. La detención de Gemma Guillén López, secretaria del editor-presidente de La Vanguardia, Javier Godó, ha elevado la temperatura de la investigación y ha causado honda conmoción no sólo en el rotativo, sino en el Gobierno. La detenida fue interlocutora de miembros de la red, que le imputan haber encargado trabajos de espionaje. Javier Godó ofreció ayer al juez Eduardo Navarro su colaboración para declarar voluntariamente.

El conde de Godó, quien comunicó su ofrecimiento al juez a través del procurador Angel Quemada "para contribuir con la mayor celeridad posible al esclarecimiento del asunto", niega "rotundamente cualquier responsabilidad en el supuesto uso de procedimientos ilegales de investigación u obtención de información a particulares o empresas", informa La Vanguardia en su edición de hoy.Anoche habían comenzado a declarar ante el juez Navarro seis de las ocho personas detenidas el pasado lunes. El abogado penalista José María Fuster Fabra, letrado de la asociación de víctimas del terrorismo, asumió la defensa de cuatro de ellos -el ex coronel del servicio secreto militar (Cesid) Rodríguez González; Sánchez, ex guardia civil y ex miembro del Cesid; Ruiz Martínez, también relacionado con el Cesid, y a José Manuel Trujillo- mientras que un quinto contará con la de Luis Andrés González.

La secretaria del conde de Godó, Gemma Guillén, que en su declaración ante la policía era asistida por el abogado del propio conde, Francesc Jofresa, llevó personalmente la elaboración del contrato como asesor de seguridad con el coronel excedente del Cesid Fernando Rodríguez González, y contactos con Miguel Ruiz Martínez, El Lobo, y Manuel María Sánchez, presuntos integrantes de la red de escuchas.

El testimonio de esta secretaria se juzga clave para el esclarecimiento de los supuestos informes elaborados para ella por esta trama, de los que no se ha hallado ninguno en los registros, según afirman fuentes de la investigación.

En medios jurídicos se estima que la clave de toda esta trama reside en la personalidad que hizo de embajador e introdujo a esta red en La Vanguardia bajo la supuesta cobertura de una empresa de seguridad. Fuentes empresariales llegan a citar a un popular periodista radiofónico y a un alto cargo de los servicios de información del Estado.

Las fuentes jurídicas relacionadas con esta investigación muestran su estupor por el hecho de que se esté presentando al coronel Fernando Rodríguez González como ex miembro del Cesid, cuando existen pruebas de que ya dirigía la empresa de seguridad cuando se hallaba en activo. Igualmente, existen serios indicios de que el Lobo, infiltrado en la dirección de ETA en 1969, siguió conectado con sus antiguos protectores del Cesid.

Inquietud el Gobierno

La opinión es diversa entre los altos cargos de Interior. Mientras el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, proclama que "en general, no parece que haya ningún agente del Cesid implicado", defiende el derecho de los ex agentes de ese centro a buscar un empleo en el sector privado cuando dejan el servicio oficial, y ve lógico que lo hagan "en el sector que conocen, el de la seguridad", otros consideran que se ha frustrado una trama con un terrible potencial, dada su capacidad para obtener información muy sensible de empresarios y extorsionar con ella.

La trama estaba en franca expansión, ya que pretendía captar a nuevos funcionarios corruptos para obtener datos reservados.

La inquietud por las filtraciones es máxima en el Gobierno. Por Barcelona han desfilado estos días el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, y el subdirector general operativo de la Policía, Agustín Linares, tanto para informar a sus superiores como para sellar cualquier resquicio de información a los medios de comunicación. Por el contrario, la inquietud es mínima por las graves imputaciones aparecidas en algunos medios contra el conde de Godó, ya que se sabe que no tienen base en la investigación judicial, sino que son fruto de una guerra de informes a la que no son ajenos los propios detenidos en esta trama. La conmoción existente en los ministerios de Defensa, Justicia e Interior es tal que, por encima de apretar el acelerador ante conclusiones que se revelan casi obvias tras meses de investigación, se ha puesto el acento más bien en la importancia de que todas las actuaciones sean secretas y milimétricamente medidas.

Medios judiciales destacan que de este caso y de otros recientes de implicación de agentes del Cesid en tráfico de armas se desprende cierto descontrol de tan poderoso organismo.

"La complejidad del caso", en palabras del fiscal jefe del Tribunal Superior, Carlos Jiménez Villarejo, han comportado que el teniente fiscal, José María Mena, haya sido nombrado fiscal especial adscrito para la investigación de las escuchas ilegales.

Mena se encargará directamente del caso junto con la fiscal del juzgado, Concha Talón. Mena, estrecho colaborador de Jiménez Villarejo, no había sido designado fiscal especial desde hace años. Los dos fiscales alcanzaron el momento de mayor protagonismo público como representantes del ministerio público en el caso Banca Catalana.