Los militares venezolanos aseguran haber desmantelado una trama golpista civil
El ministro venezolano de la Defensa, Radamés Muñoz, declaró que los organismos de seguridad están desmantelando una conspiración golpista, identificada como Sociedad Patriótica e integrada por civiles, presuntamente vinculada con los oficiales de los dos golpes frustrados del 4 de febrero y 27 de noviembre del año pasado.Hasta el momento la División de Inteligencia Militar (DIM) ha detenido a Carlos Enrique Tinoco, Gustavo Lemoine, Nedo Panis, José Rodríguez y Lino Martínez, bajo los cargos de "adherencia al delito de rebelión militar", que supone ayudar a la sublevación armada, por lo que se les ha abierto un juicio en el Tribunal Militar presidido por el juez Ramón Moreno Natera.
La ola de arrestos, denominada popularmente cacería de brujas, contempla detener a otra veintena de personas de una supuesta lista de 200 que dice poseer el vicealmirante Muñoz. No obstante, el misterio se mantenía anoche sobre los cuatro generales, cabecillas del plan insurgente.
El titular de Defensa también informó que se han practicado 34 allanamientos a nivel nacional, en donde se han decomisado granadas, proyectiles, armamentos de todo tipo, fusiles, telescopios, chalecos, uniformes y documentos comprometedores. "Estamos desmantelando células anarquistas para garantizar a los venezolanos que vayan a votar tranquilos en las elecciones del 5 de diciembre", dijo Muñoz.
Sin embargo, el abogado Carlos Fermín, defensor de dirigentes del Movimiento Bolivariano, MBR 200, que cuenta en la actualidad con 70 oficiales de sus filas, presos por las dos intentonas golpistas, reconoció que los primeros detenidos por la DIM pertenecen a la Sociedad Patriótica. Fermín no cree que sean conspiradores por el solo hecho de haber firmado proclamas solicitando la libertad de los oficiales rebeldes o haberles visitado en la cárcel.
Extradición de Stroessner
Por otra parte, un juez paraguayo firmó ayer la solicitud de extradición del ex presidente Alfredo Stroessner, asilado en Brasil tras el golpe de Estado que le derrocó, en 1989. El general Stroessner, de 81 años, acusado de la muerte de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez y otros delitos contra los derechos humanos, no acudió a declarar en el proceso abierto por el juez Cristóbal Cáceres y fue declarado "reo rebelde y contumaz a los mandatos de la justicia".
