Mayores para todo

LA LLEGADA de Juan Alberto Belloch al Ministerio de Justicia ha tenido, de momento, el efecto de desbloquear algunos de los asuntos que permanecían congelados desde hace años en los despachos ministeriales. La introducción del jurado, la actualización del aborto desde una perspectiva más favorable a la mujer o el tratamiento de la delincuencia juvenil desde criterios más próximos al derecho y a la realidad social son cuestiones espinosas, pero a las que hay que dar respuesta alguna vez.En el reciente congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Belloch ha dejado entrever la posibilidad de enviar al Parlamento un proyecto de ley penal juvenil si el futuro Código PeNal elevara, finalmente, la mayoría de edad penal a los 18 años (ahora está en los 16). El anuncio del ministro atañe a una materia sumamente controvertida, sobre la que las opiniones son dispares y cambiantes. Los socialistas, que han defendido electoralmente la elevación de la edad penal a los 18 años, no se han atrevido a llevarla a la práctica como decisión de gobierno, y el Partido Popular, del que cabría presumir una resistencia a esta medida, se ha manifestado inequívocamente a favor de su inclusión en el Código Penal. La toma de posición de Belloch trasluce un posible cambio en el comportamiento de los socialistas sobre esta cuestión.

Es cierto que la oposición de los socialistas a materializar su promesa electoral radica más en motivaciones económicas que políticas o ideológicas. La salida del Código Penal común de los menores comprendidos entre los 16 y 18 años implica la creación de centros y sistemas penitenciarios adecuados a esta edad o, en todo caso, la remodelación de algunos de los existentes, donde estos delincuentes juveniles se mezclan con los más experimentados. Es la misma motivación económica que acaba de alegar el PSOE en el debate parlamentario sobre los presupuestos del Estado para aplazar la introducción del jurado a una fecha posterior a 1994. Lo cual hace prever que la ley penal juvenil anunciada por Belloch y la paralela elevación de la edad penal de los 16 a los 18 años no son de hoy para mañana. Es decir, que no serán realidad en tanto perdure la actual penuria presupuestaria.

Todos los argumentos políticos, jurídicos y sociales llevan a no establecer discriminación alguna entre la mayoría de edad penal y la civil, de modo que no se produzca la situación aberrante en que hoy se encuentran los jóvenes entre 16 y 18 años: negarles los derechos políticos y civiles de los mayores -no pueden votar, ni hacer un contrato, por ejemplo- y al mismo tiempo imponerles sus leyes y sus cárceles. La Constitución no hace tal discriminación, ni tampoco las convenciones internacionales sobre los derechos de los menores.

No se trata, evidentemente, de dejar sin defensa a la sociedad frente a una delincuencia cada vez más nutrida de jóvenes entre 16 y 18 años de edad y que alcanza también, de manera harto preocupante, a estratos de población juvenil en edades todavía inferiores. Se trata de dar una respuesta punitiva que tenga en cuenta las características de la población a la que se va a aplicar, que acentúe los aspectos reeducadores de la sanción, que gradúe la responsabilidad según los tramos de edad en un periodo vital en el que existen grandes diferencias en la maduración de las personas, y que, en cualquier supuesto, respete de modo escrupuloso las garantías procesales. Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló en 1991 que la mitad de la población consultada era favorable a la modificación de la mayoría de edad penal. El argumento sociológico avala también, pues, este cambio. Y es que la mayoría social percibe como una injusticia -a pesar del fuerte impacto de la delincuencia- que la respuesta a las transgresiones de los jóvenes no se distinga en absoluto de la de los adultos. Con mayor motivo, si al mismo tiempo se les niegan los derechos específicos de estos últimos.