La ONU intensifica las sanciones económicas contra Libia

El Consejo de Seguridad de la ONU aumentó ayer la presión contra Libia al aprobar un nuevo paquete de sanciones económicas. El Consejo autorizó la resolución 983, que intensifica la penalización contra el país magrebí por la negativa de Trípoli a entregar a los dos, ciudadanos libios acusados por Washington y Londres de haber participado en la colocación de la bomba en un Boeing de la Pan Am, que, en diciembre de 1988, estalló sobre la localidad escocesa de Lockerbie y provocó 170 muertos.La resolución, que entrará en vigor el 1 de diciembre, prevé la congelación de los fondos libios en el extranjero y prohíbe el suministro a Libia de equipamento utilizado en las terminales y refinerías petrolíferas. Las medidas aprobadas no incluyen el embargo petrolero, por lo que Libia seguirá obteniendo ingresos por la venta de crudo, gas y productos agrícolas.

De los 15 países miembros del Consejo de Seguridad, 11 votaron a favor de la resolución y cuatro se abstuvieron: China, Yibuti, Marruecos y Pakistán. No hubo ningún voto contra la resolución auspiciada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Las nuevas sanciones se añaden al embargo aéreo y militar impuesto el 15 de abril de 1992 contra Libia, cuyo régimen es acusado por varios países occidentales de apoyar el terrorismo internacional. El Consejo de Seguridad exige al Gobierno de Muammar el Gaddafi la entrega a la Justicia británica o estadounidense de los dos sospechosos del atentado de Lockerbie. La Justicia francesa exige, asimismo, la colaboración de Libia en la investigación de otro atentado contra un avión francés de la UTA que en 1989 estalló sobre el desierto de Níger. 170 personas perecieron en la catástrofe.

El Gobierno de Suiza descartó ayer la posibilidad de que los dos acusados libios sean juzgados en territorio helvético, en respuesta a una petición en este sentido efectuada recientemente por las autoridades de Trípoli. Berna se ha negado a estudiar dicha solicitud ya que ni Estados Unidos ni el Reino Unido ni la ONU la han respaldado.