PSOE acepta un mayor control de los Presupuestos para 1994

Convergència i Unió salvó ayer al Gobierno de una derrota en el debate pormenorizado de los Presupuestos Generales del Estado para 1994. Por un voto de diferencia -20 frente a 19- quedaron aprobados anoche los dos primeros títulos de ese proyecto de ley, que recogen principalmente medidas de control sobre el grado de ejecución de los gastos e ingresos previstos. La votación en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados dejó claro hasta qué punto el Gobierno necesitaba del respaldo parlamentario, largamente negociado, de los nacionalistas catalanes en esta legislatura.

Sólo los tres diputados de CiU en la comisión apoyaron a los 17 representantes socialistas en el debate detallado, artículo por artículo, del presupuesto para el año próximo. Enfrente se alinearon el Partido Popular, con 14 diputados; Izquierda Unida, con 3; el PNV, con 1, y Unión Valenciana, también con 1. El representante de Coalición Canaria, que había seguido el debate, estuvo ausente en la votación.Durante la discusión sobre las retribuciones de los funcionarios, el representante del PP propuso un ahorro de 186.000 millones de pesetas respecto a los 620.000 millones presupuestados para gastos corrientes de la Administración. A su juicio, se pueden reducir en un 50% los gastos en atenciones protocolarias; en un 70% los fondos destinados a estudios y trabajos técnicos; en otro 70% los desembolsos en publicidad, y en un 20% las facturas de teléfonos. También pidió la congelación de las retribuciones de todos los altos cargos.

Las modificaciones aceptadas por el PSOE en el proyecto de presupuestos apenas alterarán las cifras de ingresos y gastos previstas. Sin embargo, sí introducirán un mayor grado de control del Parlamento sobre la ejecución de las cuentas públicas -aunque sin la amplitud requerida por PP e IU- y reflejarán algunas ayudas novedosas para el País Vasco y Cataluña.

Los socialistas aceptaron una propuesta del PP para que el Gobierno informe al Parlamento de la cuantía de los beneficios fiscales promovidos por el Gobierno para facilitar la creación de empleo. Estos beneficios ascendieron en 1993 a 1,3 billones de pesetas y alcanzarán en 1994 1,7 billones. El Grupo Socialista aceptó también una solicitud de IU para que cada vez que se produzca una modificación presupuestaria, el Gobierno comunique al Parlamento cómo afecta a los objetivos económicos perseguidos. Asimismo, el Ejecutivo tendrá que especificar inmediatamente de qué partida detrae recursos y a cuál los asigna.