Bono respalda la decisión de que el PP devuelva las subvenciones no justificadas

"Quien se llevó dinero y no lo justificó, que lo devuelva". Así de tajante se mostró ayer el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, tras conocer el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, mediante el que se declara incompetente para resolver el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Popular contra la decisión de la Mesa de las Cortes Autonómicas que solicita a este grupo la devolución de 198 millones de pesetas, de los 327 que el PP obtuvo por subvenciones entre 1988 y 1992, y que, a juicio del interventor de la Cámara, no ha justificado. Para Bono, "el auto confirma la tesis de que en Castilla-La Mancha nadie tiene privilegios y todo el que recibe una subvención tiene que justificarla".El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, José Manuel Molina, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de las Cortes de Castilla-La Mancha, adoptada el pasado 28 de septiembre, mediante la que se paralizan las subvenciones a este grupo parlamentario hasta que devuelva los 198 millones de pesetas que, según los populares, y en contra del informe del interventor sí han sido justificados.

El auto dictado por la Sala de lo Contencioso -Administrativo del alto tribunal, con sede en Albacete, señala que el recurso presentado por los conservadores "sólo puede llevarse a cabo a través del recurso de amparo directo ante el Tribunal Constitucional". El auto añade que "el acuerdo recurrido viene a declarar el ejercicio legítimo de la actividad fiscalizadora que le corresponde a la Mesa de las Cortes".

Mientras tanto, el gabinete jurídico del Grupo Parlamentario Popular estudia las acciones legales a seguir, que pueden consistir, según fuentes del partido, en recurrir el auto del Tribunal de Castilla-La Mancha, presentar el recurso al Tribunal Constitucional o bien abandonar las acciones judiciales.

Dirección nacional

En cualquiera de los casos, de no cambiar la decisión de la Mesa de las Cortes, que congeló las subvenciones a este grupo, y que para 1994 ascienden a 100 millones de pesetas, se tendría que recurrir a los bancos o bien a la dirección nacional del partido.

El origen de este conflicto se encuentra en los acuerdos de la Mesa de las Cortes de exigir la justificación de las subvenciones que el Parlamento regional concedió a los grupos parlamentarios.

El interventor de la Cámara, Federico Diego Espuny, examinó las cuentas presentadas por los grupos parlamentarios e informó que el Grupo Popular no había justificado 198.314.919 pesetas, mientras que el Grupo Socialista había dejado sin justificar 533.706 pesetas e Izquierda Unida, 377.337 pesetas, por lo que exigía su reintegro a las arcas autonómicas. Además agregaba que existían graves irregularidades en las cuentas del PP.

El PSOE e IU realizaron el abono de la cantidad exigida al día siguiente, pero el PP alegó que las subvenciones estaban justificadas y que no devolvía un dinero a su entender justamente gastado.