La Junta de Castilla y León gasta más de 10.000 millones en empresas en crisis

La Junta de Castilla y León ha invertido más de 10.000 millones en empresas en quiebra o no rentables. Dichas aportaciones, que incluyen participaciones en capital, subvenciones a fondo perdido e incentivos sin garantías, comprometen buena parte del presupuesto industrial del Gobierno autónomo en los últimos tres años. Estas acusaciones, formuladas por toda la oposición regional, son consideradas por el Ejecutivo de Juan José Lucas "un intento socialista más de espantar a los posibles inversores que quieran asentarse en la región".

La oposición socialista considera que el caso del Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid, es "uno de los exponentes más claros de la alegría con que el Gobierno autónomo reparte dineros públicos sin control". Desde que se constituyó el parque, proyecto emblemático de José María Aznar durante su mandato en Castilla y León, el Ejecutivo autónomo ha comprometido cerca de 3.000 millones en aportaciones de capital, además de los casi 4.000 millones que supuso su construcción.La única empresa fisicamente ubicada en ese polígono es Crystaloid, de la que la Junta ha tenido que hacerse con más del 50% del capital por sus ingentes pérdidas desde su constitución, en 1989, pérdidas acumuladas que ascenderán a fines de este año a casi 1.000 millones y que han exigido de la Junta sucesivas ampliaciones de capital. Relevantes miembros del PP de Castilla y León han manifestado a este periódico su preocupación 41 por el reparto indiscriminado de cantidades de dinero a empresas de alto riesgo".

Los datos de las auditorías internas de la empresa revelan algunas irregularidades de gestión que han motivado la solicitud de una comisión de investigación por el portavoz en asuntos económicos del Grupo Parlamentario Socialista regional, Zenón Jiménez Ridruejo.

La misma auditoría, realizada por Carazo y Guillamont, SL, aclara que "la sociedad en causa de disolución no ha, iniciado los trámites indicados" por la Ley de Sociedades Anónimas". Los auditores agregan que Crystaloid "tiene contabilizados 13 millones de pesetas en concepto de préstamos recibidos sin el correspondiente documento soporte".

Avales multimillonarios

Crystaloid está participada, además de por la Junta, por Efrén Beltrán, quien lleva, según el Registro Mercantil, su vicepresidencia, mientras que la asesoría jurídica se asigna a Tomás Villanueva, a su vez asesor jurídico del Grupo Parlamentario del PP en las Cortes de Castilla y León.

Los datos de la misma auditoría revelan que las ventas de Crystaloid han descendido paulatinamente desde 1991 hasta hoy, lo que motivó que la Consejería de Economía y Hacienda aportase otros 370 millones de pesetas de subvención a fondo perdido, así como un aval bancario de 275 millones por parte de la Sociedad de Garantía Recíproca de Castilla y León, cuestión que niega el Ejecutivo y esgrime la oposición.

Ésta considera que otro ejemplo "de la alegría con que la Junta reparte dinero público sin control es Hispano-Textil, SA", de Béjar (Salamanca). Esta empresa, cerrada hace pocas semanas, recibió en el último año un aval de 550 millones, más otros 600 millones de subvención a fondo perdido, cuyo destino hasta el momento se desconoce porque no ha llegado a dicha empresa. Esta situación ha motivado que los trabajadores reclamen una auditoría. La Junta "está dispuesta a llegar hasta donde haga falta para saber el destino de las subvenciones. Incluso si hay que enviar esas responsabilidades al, fiscal, se mandarán", afirma el consejero de Economía, Fernando Bécquer.

Hace pocas semanas, la Junta adjudicó la realización de una auditoría para conocer dónde están los millones transferidos. Sus resultados, según el consejero de Economía, se presentarán en las Cortes regionales.

Otro caso significativo es el de La Pinilla, SA, empresa dedicada a la explotación de la estación invernal del mismo nombre en la sierra segoviana. La. Junta desea ampliar su participación en la misma en 287 millones de pesetas, aunque dicha empresa arrastra unas pérdidas superiores a los 500 millones, que se reparten entre los ejercicios de 1990 a 1992. Con esta ampliación, la Junta da un paso más para la próxima conversión en empresa pública de otra actividad caracterizada por sus elevadas pérdidas en los últimos años.