Muerte inexplicable

MÁS QUE un caso de legítima defensa", como se ha apresurado a sentenciar Manuel Fraga, la muerte el pasado miércoles en Vilagarcía de Arousa de Rosa Diz, pescadera de 55 años y madre de cuatro hijos, por el disparo de un policía autonómico, tiene todos los visos de ser la reacción torpe y absolutamente desproporcionada de un agente de la autoridad ante una situación que nunca debió dar lugar a tan fatal desenlace. En todo caso, corresponde a la justicia, y no al presidente de la Xunta de Galicia, determinar los hechos y establecer las responsabilidades, si las hubiere.No hace mucho tiempo todavía, un suceso tan disparatado como que una vendedora de pescado muera a manos de un policía durante el decomiso de una partida de jurel ilegal en un mercado de abastos hubiera provocado la indignación general 0, al menos, el asombro porque una cosa así hubiera podido suceder. Hoy, sin embargo, y salvo el impacto producido en el entorno social de la víctima (en Vilagarcía de Arousa, y en todo caso en Galicia), esta muerte sin sentido apenas ha merecido la atención de una sociedad y de unas fuerzas políticas inquietas más bien por la profundidad de la actual crisis económica y por sus preocupantes efectos sociales.

Sin embargo, este tipo de hechos es revelador de una concepción del orden público más autoritaria que democrática y remiten, en todo caso, a una actuación policial poco acorde con la misión constitucional asignada a los cuerpos de seguridad, sean de ámbito nacional, autonómico o municipal. Tampoco encajan en absoluto con el mensaje de renovación democrática en el que están hoy empeñadas las fuerzas políticas, y muy especialmente el partido del que fue fundador Manuel Fraga y que lidera José María Aznar. De ahí que por coherencia con dicho mensaje deban mostrarse más activas que hasta ahora en la exigencia del total esclarecimiento de los hechos.

Una muerte tan injustificada como la de la pescadera de Vilagarcía no puede explicarse, en 1993, desde esquemas y valores predemocráticos. El principal responsable de una muerte es quien la ocasiona y no la víctima indefensa, ni tampoco es un dogma que la policía deba hacer frente a las agresiones ciudadanas a tiro limpio y no mediante medios más proporcionados al riesgo y menos expeditivos. Por más que lo dé a entender Fraga, ningún decomiso de pescado ilegal, ninguna persecución de furtivos, ninguna inspección ni defensa de ninguna ley bastan para explicar cumplidamente, y mucho menos justificar, la muerte de un ciudadano. Y, desde luego, la representación popular que hoy ostenta el presidente de todos los gallegos le obliga a tener, al menos, la misma consideración por la víctima que por el autor del disparo.