Jueces para la Democracia critica la pasividad del Gobierno con las minorías

El VIII congreso de Jueces para la Democracia comenzó ayer en Sevilla con el examen de los derechos de las minorías y una crítica a la Administración por su pasividad respecto a los marginados. La asociación judicial progresista pidió a jueces y fiscales que controlen los internamientos de incapaces e impidan la explotación laboral o los abusos sexuales hacia los mismos.

Varias de las ponencias que comenzaron a debatirse ayer resaltan que los deficientes fisicos o psíquicos constituyen una minoría marginal por la que no se interesan los poderes públicos e incluso "la propia sociedad raramente se vuelve hacia ellos, si no es para reclamar medidas coercitivas y represoras, más manicomios y encierros de por vida, así como para interesar que se les prive de las más elementales posibilidades de realización personal".Frente a esa situación, y a diferencia de las inquietudes corporativas de otros colectivos profesionales, Jueces para la Democracia hace un análisis severo, en línea con lo denunciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre los riesgos de que el trabajo de los minusválidos psíquicos se convierta en "explotación disfrazada de beneficencia" o su debilidad les haga "víctimas de abusos sexuales".

La asociación judicial defiende el máximo nivel de desarrollo personal de los minusválidos y, ante la pasividad de otros profesionales e instituciones y la "inconcebible" exclusión de la salud mental de la Seguridad Social, apela al papel del juez como "garante de la dignidad personal y de los derechos fundamentales", para que se comprometa en los procedimientos de internamiento o incapacitación. Y hace "un llamamiento a las carreras judicial y fiscal para que sean conscientes de la gravedad de los intereses en juego".

En concreto, recuerda a los fiscales que deben intervenir activamente y no con "una simple presentación de impresos ya preparados para estos casos".