¿Qué es lo que está en peligro?

El coordinador de IU, en la rueda de prensa de presentación de la enmienda a la totalidad del grupo IU-IC a los presupuestos de 1994, afirmó que el Estado está en peligro con pactos como el alcanzado entre el Gobierno del PSOE y CiU. Desde Iniciativa per Catalunya consideramos que esta concepción no es admisible porque, entre otras cosas: a) se sitúa la discusión en un terreno abonado para la irracionalidad de los enfrentamientos entre comunidades; b) objetivamente se justifica la falta de desarrollo del Estado de las autonomías; c) se contribuye a esconder el contenido fundamental del pacto.Tal como habíamos discutido y acordado en los órganos de dirección de IU y de IC, y en el grupo parlamentario conjunto preparando el debate de investidura, el pacto PSOE-CiU lo presentaban manipulando a la opinión pública con conceptos como los intereses de España o los de sus nacionalidades. Era y es la típica pretensión del nacionalismo, sea en este caso el español (el del PSOE) o el catalán (el de CiU), que supone confundir el interés de un partido con el de toda una colectividad. Decíamos, y nosotros mantenemos, que el PSOE y CiU quieren reforzar un pacto por intereses políticos y socioeconómicos coincidentes. Recordábamos que PSOE y CiU habían coincidido ya en la legislatura anterior en temas internacionales, en tenias de libertades (ley Corcuera, por ejemplo) y, sobre todo, en la defensa de una política económica y social que había fracasado estrepitosamente y que volvería a fracasar si se volvía a repetir. Para nosotros lo esencial del pacto PSOE-CiU es el núcleo de una política económica neoliberal que volverá a ser estéril para abordar de forma solidaria la crisis y que es incoherente con la apelación de izquierdas y progresista que se hizo por parte del PSOE en campaña electoral. Además, y subrayo que es un añadido, aquel pacto demuestra su esterilidad ante el estancamiento de los temas sustanciales que haría falta abordar para desarrollar el Estado autonómico. Creíamos que los posibles, y cicateros, compromisos sobre el 15% del IRPF que acompañarían aquel pacto les servirían al PSOE y a CiU para distraer a la opinión pública sobre el alcance, las responsabilidades y el signo conservador que se quería imprimir a la salida de la crisis económica.

El pacto, ahora ya explicitado en el documento de los presupuestos para 1994, muestra con toda crudeza su contenido básico conservador en lo socioeconómico. Por un lado, se ha coincidido objetivamente en excluir cualquier tipo de contrapartida en el diálogo social hasta hacer inviable la negociación con los sindicatos. Por el otro lado, se han incluido en los presupuestos medidas como la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, el recorte de 600.000 millones de pesetas en las aportaciones del Estado al Inem para el desempleo, exenciones fiscales empresariales sin auténticos controles de reinversión productiva, la práctica supresión de las ofertas públicas de ocupación, etcétera. Y se anuncia que el pacto continuará para dar cabida entre otras cosas a políticas de facilitación y abaratamiento del despido y de mayor precarización del mercado laboral, sin contrapartidas, por ejemplo, de democratización en la producción ni diálogo social.

Este es el auténtico contenido del pacto, que, coherentemente con la concepción de exigir tramposamente la solidaridad incondicional y unilateral de los pensionsitas, parados, asalariados, etcétera, propone transferir rentas del trabajo hacia el capital a la espera de la inversión productiva (espera que en algunos casos será inútil o ventajosa para obtener mayores márgenes de beneficios y especulación). Este tipo de pacto no sólo no pone en peligro el Estado, sino que con reiteradas apelaciones a la gobernabilidad del Estado (entre otras cosas, los necesarios 176 votos para aprobar los presupuestos y leyes de clara regresión social) se ataca frontalmente los insuficientes logros del Estado del bienestar en España. Y cabe recordar que hablamos de un Estado que está claramente por debajo de la media comunitaria europea de inversión pública en gastos sociales.

Pero es más, el acuerdo de cesión del 15% de la cuota líquida del IRPF no significa, como defendemos IU e IC (y como se había acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de principios de 1992), ni auténtica corresponsabilidad fiscal ni aproximación del volumen de recursos públicos por habitante para ejercer las mismas competencias. Basta una cita para demostrarlo cumplidamente: con aquella cesión, Andalucía, País Valencià o Catalunya continuarán recibiendo mucho menos dinero por habitante para Sanidad o para Educación que el País Vasco o Navarra (para ser exactos, en Sanidad la mitad). O sea, se consolidan las injustas diferencias tanto para comunidades pretendidamente más desarrolladas (Catalunya) como para las menos (Andalucía). Por otro lado, como han demostrado múltiples estudios, España es el Estado con una estructura política no centralizada donde las comunidades tienen menos responsabilidad fiscal y menos coste político en los ingresos.

De ahí el error y la confusión de apelar a los peligros para el Estado. Por otra parte, IU e IC hemos propuesto el avance hacia una auténtica estructura federal del Estado (por ejemplo, con un Senado de las Nacionalidades y Regiones, o con una fórmula de conciertos solidarios que permitan la gestión de todo el sistema tributario). Imaginemos qué significan estas propuestas si afirmamos que una vergonzante, ocasional y partidista cesión del 15% del IRPF es un peligro para el Estado.

Finalmente (por mor de la brevedad), la historia de España es rica en situaciones que muestran cómo los sectores más poderosos de las finanzas catalanas, y españolas, que hoy confían más que nadie en Pujol, han buscado la protección del Estado ante cualquier eventualidad de incerteza sobre sus intereses.

Estamos ante una gravísima crisis económica (no explicada ni por Felipe González ni por Pujol); hace falta un gran consenso (el que rehúyen aquellos con los sindicatos o con grupos parlamentarios como el nuestro), y sólo así alcanzaríamos un principio de salida solidaria, o sea, de sacrificios, austeridad y aportaciones por parte de todos. No ayuda, pues, la confusión, y poco movilizaremos desde el error. El pacto PSOE-CiU no es un acuerdo de progreso social ni sirve para una reforma federalizante del Estado.