Nuevos piratas

SI SE parte del hecho de que en 1992 sólo el 14% de los programas de ordenador utilizados en España eran legales se deduce fácilmente la urgencia de adoptar medidas conducentes a acabar con tan descomunal, ejercicio de piratería informática. El daño económico que esta actividad fraudulenta ocasiona a las empresas del sector (autores, fabricantes y distribuidores) es cada vez más voluminoso: que el 86% del software consumido sea ¡legal supuso el año pasado unas pérdidas de 50.000 millones de pesetas, concentradas, sobre todo, en los programas de videojuegos.Se ha teorizado mucho sobre la vulnerabilidad en que reposa la tecnología informática y sobre las formas de protegerse de ella. La legal no es la única, pero sí la más básica e imprescindible. De ahí que la decisión del último Consejo de Ministros de adaptar la legislación española sobre propiedad intelectual a la directiva comunitaria sobre la protección jurídica de los programas de ordenador venga a llenar un vacío que ha facilitado la tecnodelincuencia y dejado en el más absoluto desamparo a sus víctimas.

Porque la inexistencia de un marco legal apropiado no sólo ha podido animar a esos pequeños monstruos que desde sus ordenadores domésticos han manipulado en ocasiones satélites de comunicación, entrado en circuitos de venta o alterado cuentas bancarias. Esto, en definitiva, es un mal menor que puede incluirse en el haber de esas nuevas generaciones nacidas en plena expansión de la cibernética y cuya afinidad con el ordenador deja perplejos, a veces, a sus mayores. La gravedad del problema radica, fundamentalmente, en esas grandes o pequeñas organizaciones clandestinas dedicadas a robar literalmente el trabajo de los programadores o de los autores artísticos, medido a veces en años de esfuerzo intelectual y de inversiones millonarias, y de quienes adquieren legalmente el programa para su difusión y explotación.

La transposición de la directiva comunitaria sobre protección jurídica de programas de ordenador a la legislación española va a suponer, pues, un avance indudable en la lucha contra la piratería informática. A partir de su entrada en vigor, los programas de ordenador, así como su documentación preparatoria, tendrán la misma protección que la estipulada para las obras literarias en el Convenio de Berna, al ser considerados como una creación intelectual propia de su autor. Y junto a ello se dispone de toda una panoplia de medidas frente a la actuación de los infractores, desde las indemnizatorias a las de intervención cautelar de los jueces, incluido el secuestro del material y su inutilización.

Se dirá que estos mecanismos legales no son suficientes para contener la codicia que suscita lo que constituye la mayor riqueza de una economía basada cada vez más en la información y la tecnología: las ideas y la creatividad. Y es cierto. Pero estos mecanismos son el instrumento sobre el que puede articularse una defensa que será disuasoria en la medida en que los autores y difusores estén dispuestos a ejercerla, así como en su capacidad para hacer que la ley se cumpla. El reforzamiento de la protección de la propiedad intelectual, además de una reivindicación del sector informático, es un objetivo al que los países están abocados si quieren preservar sus industrias y participar con expectativas de éxito en el comercio mundial.

Los precedentes de la aplicación de la directiva comunitaria sobre protección jurídica de programas de ordenador son, en principio, estimulantes. En su primer año de vigencia (en la mayoría de los países de la CE), el porcentaje de software pirateado pasó del 77% al 66%, con el consiguiente alivio en las pérdidas de 500.000 millones de pesetas registradas por la industria informática europea. Un aviso para navegantes en un sector acosado por aprovechados, gorrones y mercachifles a cuenta de las ideas, del trabajo y del esfuerzo ajenos.