El Gobierno de Bono ordena la reversión pública de una finca comprada por Eroski
¿Puede una autoridad declararse dueña de una finca sin comprarla ni expropiarla? La Junta de Castilla-La Mancha, que preside José Bono, ha ordenado la reversión al patrimonio público de una parcela de 17.700 metros cuadrados situada en Guadalajara que perteneció al Estado hasta 1969. Uno de los implicados en el llamado fraude del IVA, Carlos de Juan Villa, vendió ese terreno por 500 millones a una empresa dominada por la cooperativa vasca Eroski, que ha iniciado la construcción de un hipermercado sin aceptar la orden gubernativa.
La intervención de la Junta comenzó el 20 de julio pasado, a través de una orden en la que se declaraba la nulidad de las dos últimas ventas de la finca y el organismo autónomo se atribuía a sí mismo "la propiedad y posesión" del citado terreno. Sin embargo, a la Junta no le fue admitido un interdicto judicial para paralizar las obras, solicitado a raíz de la orden anterior.Tras estos hechos, Bono y sus consejeros acordaron ayer plantear un juicio declarativo de propiedad, "para lograr de los tribunales que las plusvalías generadas por la venta de ese terreno sean reconocidas judicialmente como de patrimonio público", según explicó el consejero de Obras Públicas, Aureliano López, a preguntas de este periódico.
A vueltas con Franco
El solar disputado pertenecía al Estado en tiempos del general Franco, hasta que el Ministerio de la Vivienda lo enajenó en 1969, con determinadas condiciones: debía utilizarse sólo para levantar un hotel y se prohibía que fuera hipotecado o revendido sin autorización estatal.
El hotel no fue terminado, pero la finca sí fue aprovechada para sucesivas compraventas. En 1989 cayó en manos de una entidad denominada Conygás, que pagó por ella 27,7 millones de pesetas. Dos años más tarde, esa misma empresa, cuyo dueño es el promotor inmobiliario José Luis García Sanjacinto, la vendió por 500 millones (IVA aparte) a la sociedad Erosmer, constituida por Eroski, la ONCE, el Banco de Crédito Agrícola y la Sociedad de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha (Sodicaman).
Conygás encargó esa venta a Carlos de Juan Villa, uno de los principales implicados en las redes de producción de facturas falsas y fraude fiscal descubiertas a finales de 1991, que han dado origen a diferentes sumarios judiciales. Seis semanas antes de ser detenido, Carlos de Juan Villa firmó la venta de la parcela de Guadalajara en favor de Erosmer, momento en el que cobró un talón de 250 millones y 60 millones más para liquidar el IVA. Otros 250 millones habían sido entregados con anterioridad.
Un portavoz de Erosmer consultado por este periódico asegura que las negociaciones se desarrollaron con la empresa a la que consideraban legítima propietaria del suelo. En el último momento apareció Carlos de Juan Villa a firmar la escritura, de quien comprobaron que traía el poder necesario para formalizar la transacción.
La operación se hizo "con plena legalidad", a juicio de Erosmer, que dispone de documentos en los que se indica que el Ministerio de la Vivienda, en 1971 y 1975, autorizó la constitución de hipotecas sobre la finca en cuestión, y aceptó que éstas tuvieran preferencia sobre cualquier otra condición resolutoria. Dado que el Banco Hipotecario ejecutó una de esas hipotecas en 1982, las ventas posteriores no están viciadas, según Erosmer.
