La Administración debe 1.017 millones a Ulibarri
La Administración central debe 1.017 millones de pesetas a Ulibarri-Piqsa, la única refinería española que se dedicaba a la regeneración de aceites usados para su nueva comercialización, según Rafael Rivera, asesor legal de la sociedad. Para la dirección de la empresa, es ésta la causa de todas las dificultades por las que está atravesando la fábrica, que se encuentra en suspensión de pagos desde septiembre de 1991.
Agustín Pinel, abogado de Arvelis, la sociedad que compró Ulibarri el pasado 27 de mayo, afirma que el actual responsable de la sociedad, Salvador Lázaro, tiene intención de reflotar la empresa. La viabilidad del proyecto, sin embargo, pasa necesariamente por que se pueda llegar a cobrar las multimillonarios deudas que mantiene el Estado con Ulibarri. La partida más importante del dinero reclamado a la Administración, 555 millones de pesetas, se corresponde a las cantidades no satisfechas de las subvenciones de los años 1989, 1990 y 1991. En estos años ya se cobraron del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 1.024 millones de pesetas. Rivero, sin embargo, asegura que las cantidades percibidas no corresponden al total correspondiente al aceite reciclado.Ulibarri también va a reclamar 151 millones de pesetas correspondientes a 1992, año en que no se recibió ninguna subvención debido a ciertas irregularidades en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. "Es la pescadilla que se muerde la cola", afirma Rivero. "Desde que Ulibarri formaba parte del monopolio petrolífero de Campsa", explica, "siempre ha funcionado a base de subvenciones". Cuando Obras Públicas no abonó todo el dinero que les correspondía empezaron los problemas económicos, según Rivero. Este hecho impidió a la empresa estar al corriente de todos sus pagos, por lo que no pudieron seguir cobrando las subvenciones.
Los 462 millones adeudados restantes, reclamados al Ministerio, de Hacienda, corresponden a los pagos del impuesto especial sobre el petróleo de los últimos años. Ulibarri considera que con esta tasa, obligatoria para poder optar a las subvenciones, Hacienda incurre en una "duplicidad del cobro de impuestos, pues la tasa ya ha sido devengada por las empresas que produjeron el aceite durante el primer refino".
