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Belloch pide un pacto de Estado para abordar un cambio en profundidad de la justicia

El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, pidió ayer en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados un pacto de Estado para la mejora de la justicia. La propuesta fue calificada por el portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Emilio Olabarría, "abrumadoramente innovadora" y únicamente fue rechazada por el Partido Popular (PP). El pacto propuesto por el ministro Belloch comprende el aumento de competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma procesal, el jurado, la asistencia jurídica gratuita y una reorganización de la Administración de justicia, con el objetivo de lograr un servicio público "cálido, ágil, rápido, y eficaz".

Belloch encuadró su comparecencia en el máximo respeto a los representantes de la soberanía popular y desde una voluntad de consenso que fue elogiada, sin excepción, por toda la oposición. "No vengo sólo a informar", dijo el ministro de Justicia, "vengo a escuchar y conocer las ideas y planteamientos que me hagan sus señorías, sin exclusión de personas o grupos".Al final de las casi cuatro horas de comparecencia, tras la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, Belloch agradeció "a todos, sin excepción, porque se ha entendido", dijo, "mi oferta de un pacto de Estado hacia un consenso en el que todos han de ceder, empezando por mí".

Belloch planteó al Parlamento que "debería tener la audacia y hasta el patriotismo de lograr un pacto de Estado en materia de Justicia", lo cual nada tiene que ver, advirtió, "con el legítimo pluralismo Político". También respondió a Ventura Pérez Mariño, portavoz socialista y antiguo compañero de Belloch en la asociación progresista Jueces para la Democracia. Pérez Mariño aseguró que el programa del ministro "es el del PSOE". Belloch le contestó: "Naturalmente que he tenido en cuenta el programa del PSOE, pero también otros planteamientos, para ser coherente con el sentido del pacto de Estado".

Principales puntos

Los principales puntos del programa son los siguientes:

Transferencias. Pasará al CGPJ la función de selección de los jueces y a las comunidades autónomas "parte de las competencias y materiales que hoy detenta el Ministerio de Justicia", que al quedar liberado de ellas podrá dedicarse a homogeneizar la defensa jurídica del Estado, evitar una proliferación legislativa conflictiva y adaptar el derecho comunitario al ordenamiento español.

Reforma procesal. Como medida clave para "atajar las rutinas dilatorias" y "extirpar las corruptelas", Belloch propone una reforma procesal civil, penal y contencioso-administrativa que agilice los procesos y permita entender las resoluciones judiciales, hasta ahora, en muchos casos, "envueltas en un lenguaje críptico, esotérico, que más parece una liturgia que la solución de un tema terrenal".

Jurado. "No podemos seguir ignorando el mandato constitucional", dijo Belloch, quien advirtió que no es preciso "universalizar el jurado", por lo que se introducirá prudentemente, sólo para determinados delitos y "de modo razonable, en términos presupuestarios".

Asistencia jurídica gratuita. El urgente proyecto de ley tratará de garantizar el derecho constitucional de defensa a quienes carecen de suficientes recursos económicos, así como "mejorar el control y gestión del turno de oficio y asegurar la calidad en su prestación".

Legislación penitenciaria. Reforma paralela y coordinada con el nuevo Código Penal y, mientras tanto, asegurar el tratamiento individualizado de los reclusos, con especial atención a los extranjeros -un 16% del total-, para procurar que cumplan su condena en el país de origen, en la línea del informe elaborado por los fiscales de Barcelona Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena.

Ley del Servicio Civil. Elaborada conjuntamente por Justicia y Asuntos Sociales, integrará el régimen de objeción de conciencia y sistematizará el conjunto obligacional no militar de la ciudadanía. Belloch dijo que la prestación social "se planteará más como alternativa que como sustitutoria".

Juicios rápidos. La experiencia de Barcelona y Sevilla para pequeños delitos de fácil instrucción se extenderá a otras cinco capitales: Madrid, Málaga, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

Agencia de Protección de Datos. Entrará en funcionamiento para proteger la intimidad frente al uso de archivos informáticos.

Asistencia a víctimas. Se coordinará un servicio de apoyo a las víctimas de delitos desde que interviene la autoridad hasta el proceso judicial.

Ministerio Fiscal. Se robustecerá su autonomía para el ejercicio de las acciones penales. Belloch invocó ayer tal autonomía cuando el diputado de IU, Antonio Romero, apoyado por el PP, insistió en que le informara sobre la supuesta percepción por políticos españoles de comisiones por la venta de la empresa aceitera Elosúa al grupo italiano Ferruzzi. Belloch dijo que la investigación fiscal "está en curso" y recordó a IU y PP que "el Gobierno no debe inmiscuirse en la actuación del fiscal".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de octubre de 1993

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