El PNV paraliza la aprobación del plan de ahorro popular de ÁIava
El diputado general de Álava, el peneuvista Alberto Ansola, paralizó ayer la aprobación del Plan de Ahorro Popular (PAP) que ha diseñado el responsable del departamento de Hacienda, el socialista Roberto San Ildefonso, a pesar de que la norma había sido pactada entre los socios del Gobierno provincial, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE-PSOE).
El diputado socialista atribuyó el cambió de postura de Ansola a presiones de su partido. Según San Ildefonso, el departamento de Hacienda del Gobierno vasco intenta armonizar el desarrollo de las competencias fiscales en las tres diputaciones vascas.
El Plan de Ahorro Popular preparado en Álava -un activo con rendimientos en torno al 5,5% y exentos de retención y tributación en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas- está abierto a todos los españoles. San Ildefonso anunció la semana pasada la inminente entrada en vigor del Plan de Ahorro, pero Ansola decidió no someterlo a votación.
El departamento de Hacienda de la Diputación alavesa preveía canalizar el Plan de Ahorro a través de las Cuentas Forales de Ahorro Popular, que se ofrecerían al público en la Caja Vital y otras entidades bancarias con establecimiento permanente en Álava.
Álava intentaba contar con la ventaja de ofrecer el primer plan de ahorro de estas características que sale al mercado español. El reglamento del citado plan establece una imposición total máxima de un millón de pesetas por año, si bien los ingresos podrán ser de periodicidad variable. A lo largo de toda sus vigencia no podrá exceder de 10 millones.
Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, que al igual que la detava tienen competencias fiscales determinadas por el Concierto Económico, estudian lanzar al mercado planes de ahorro popular, cuyos reglamentos no han sido aún redactados. El departamento de Hacienda alavés pretende que el 50% de los recursos captados con el nuevo activo se dirijan obligatoriamente a la adquisición de deuda pública foral.
El reglamento elaborado regula la pérdida de la exención fiscal para quienes dispongan de manera anticipada del dinero depositado, sean titulares de más de un plan, o hagan imposiciones anuales de más de un millón de pesetas.
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