Keynesianismo 'hidraúlico' imperfecto

¿Qué más se puede decir sobre la economía española? Quizá reflexionar sobre un intangible que queda fuera de los cuadros macroeconómicos, el papel de las expectativas empresariales en el nivel de actividad económica. Hasta tal punto importantes que, para Keynes, es la incertidumbre y no la escasez, lo que define el objeto de la economía.El aumento de la incertidumbre por la situación internacional se suma en España a la que provoca la actuación del sector público, diseñado paradójicamente por Keynes como el elemento compensador de la debilidad y miedo de los empresarios privados. Desgraciadamente, el abuso del gasto público por nuestros gobernantes, transformado en instrumento de compra de votos, nos impide utilizarlo ahora, cuando es más necesario.

Estados Unidos y España son un buen ejemplo de lo que quiero decir. Nada se parece más a la política económica de Reagan que los años de política económica del PSOE, desde 1987 hasta el estallido del SME. Con dos diferencias; la primera, que Reagan consolida un déficit público de primera magnitud, en parte por bajar impuestos, mientras en España las enormes subidas de impuestos han ido de la mano con una crisis fiscal sin precedentes desde la guerra civil.

La segunda diferencia es todavía más grave. Incluso los defensores en el Gobierno del keynesianismo hidráulico, como el ministro Borrell, que defienden el gasto público como forma de afrontar también esta recesión, deberían reconocer la incongruencia que supone, por una parte, aumentar el gasto público y, por otra, retrasar los pagos a las empresas a las que se contrata. Porque incluso para los keynesianos hidráulicos debería estar claro que el objetivo último de Keynes fue siempre mejorar las expectativas empresariales.

Los retrasos en los pagos de todas las administraciones públicas (uno más entre los factores que afectan a las expectativas) se han convertido, en mi opinión, en un factor clave para explicar el desplome de esas expectativas empresariales y, en consecuencia, la recesión y el desempleo. Porque, además, el no pagar a los suministradores sale del terreno de la moderna política económica y supone la vuelta al mundo previo de la indigencia pública, o el acercamiento a los modelos sudamericanos, según se quiera buscar un ejemplo de lo que nos está pasando en nuestra propia historia o en la contemporánea iberoamericana.

Desde el Tract on Monetary Reform hasta su Treatise on Money y finalmente su Teoría General, el pensamiento keynesiano se modificó profundamente. Pero, desde su primera obra teórica hasta la última, Keynes tuvo claro que el papel de la política económica era mantener la actividad de los empresarios en el nivel adecuado. Hizo insistencia durante muchos años en que los tipos de interés tenían que ser suficientemente bajos; después matizó que se trataba de los tipos de interés reales; en un momento posterior, sugirió que eran las expectativas empresariales el determinante básico del nivel de inversión; finalmente, hizo su aparición la demanda efectiva con el nivel de inversión pública y privada como factor clave para determinar el nivel de actividad y empleo de una economía.

Pero siempre mantuvo la necesidad de mejorar las expectativas empresariales, única forma de conseguir una situación de equilibrio sin excesivo desempleo.

En este sentido, me gustaría profundizar en las consecuencias que tiene la decisión de retrasar los pagos a los suministradores de bienes y servicios que han tomado -descoordinadamente- la mayoría de las administraciones. (Porque se retrasan, o incluso no pagan, tanto el Estado, como los ayuntamientos y las comunidades autónomas). Consecuencias en dos niveles; en el puro de la política económica y en la vuelta atrás que supone desde un punto de vista histórico, reafirmando el carácter autoritario de nuestras instituciones públicas.

Creo que un buen índice para saber qué es importante para cualquier institución o empresa es observar qué se paga y qué no se paga en situaciones difíciles. En España, las administraciones públicas pagan religiosamente los sueldos de los funcionarios, las pensiones, el desempleo, los intereses de la deuda y, con algunos matices, los alquileres. Dejan de pagar la luz, el teléfono, el agua, los, suministros corrientes, las obras públicas, las subvenciones a las empresas.

Con lo cual, el mensaje que reciben los empresarios es nítido: su trabajo no se respeta; en caso de dificultades lo primero que se hace es ignorar el mundo empresarial, que "bastante tiene con el privilegio de haber contratado conmigo, la autoridad".

Una actitud tan autoritaria, tan despreciativa de todo lo que no signifique la satisfacción inmediata del Propio personal de las administraciones públicas y de los grupos de supuestos votantes, tiene una doble trascendencia. La primera, de calidad; las empresas no son importantes. La segunda, de cantidad. Porque cuando el 50% del gasto en España es público, los hábitos de las administraciones afectan económicamente, no sólo psicológicamente, a toda la actividad del país.

Los retrasos en los pagos de las administraciones públicas han producido ya un cambio de actitud muy profundo en las empresas. De ser envidiadas, las empresas que tienen el grueso de su actividad con el servicio público, han pasado a ser compadecidas. El papel de algunas administraciones ha dejado de ser descontado automáticamente por la banca. Los analistas financieros y bursátiles califican negativamente a las empresas que venden una proporción excesiva de sus bienes o servicios a las administraciones. Todas las empresas saben que las subvenciones a que tienen derecho se cobran, cuando se tiene éxito, a un plazo promedio de tres años.

¿De cuánto estarnos hablando? Posiblemente de una cifra cercana a los dos billones de pesetas; entre 2 y 3 puntos del PIB de gasto público, de mayor endeudamiento, en parte recogido en las cuentas públicas y en gran parte no recogido.

Con ser grave esta situación lo es todavía más por la modificación de las costumbres mercantiles de las empresas: retrasar los pagos se ha convertido en una forma de financiación. "Si a mí no me pagan yo tampoco lo hago", "en esta empresa sólo se paga dos veces al ines". En un país como España, con empresas poco capitalizadas, dependientes extremadamente del crédito bancario, el retraso en los pagos se ha convertido en una receta insuperable para la desaparición de empresas y la destrucción de empleo. Agravado, además, porque el sector financiero tiene instrucciones concretas de la autoridad monetaria de limitar la financiación a su grupo de empresas (clave para explicar el desarrollo de las crisis bancarias), por el riesgo de morosidad y porque tiene la alternativa suprema de invertir en deuda pública, sin riesgos, sin necesidad de gestión, al 10%.

Por más que la cifra de impagados sea importante para nuestro país, que viene de una tradición terriblemente. autoritaria pero paternalista, encontrarse con que las administraciones desprecian la actividad económica productiva, ha sido un golpe en el bazo de todo el que tiene responsabilidades en la creación o mantenimiento del empleo.

¿Por qué no se soluciona ya este problema? Es evidente que el actual Gobierno, que sigue siendo monocolor, del PSOE, tendría que confesarse y reconocer ese mayor gasto y endeudamiento. El déficit público de 1993, que se encamina con decisión a superar el 7% del PIB, subiría todavía más. La alarma que causaría en los inversores extranjeros sería considerable. El diferencial de intereses por riesgo / país podría aumentar. A pesar de todo, creo que es positivo económicamente hacer frente a la situación. Incluso podría pensarse en una financiación heterodoxa con el Banco de España (con la consiguiente realimentación de las tensiones inflacionistas). Pero creo que peor es ignorar que el gasto ya se ha producido, que el diferencial de inflación está solamente pospuesto. Ya oigo los gritos escandalizados de los supuestamente ortodoxos. Dirían: "No hay garantías de que aunque las administraciones se pongan al día en sus pagos la situación no se repita". "No hay forma de controlar a los políticos". "Mejor atarlos corto, sabiendo que no hay un duro".

Hasta ahora han tenido razón, porque el autoritarismo del Estado nacional español ha encarnado en las nuevas administraciones públicas y pocas respetan, porque ni siquiera se les ocurre, la actividad productiva de las empresas. Si comenzaran a hacerlo seríamos modernos, en el sentido europeo del término. Habríamos comenzado a separar lo público de lo privado, respetando la autonomía e independencia del mundo económico productivo, al margen de la autoridad.

¿Es éste un problema de política económica? Creo que encarar lo que supone para las expectativas empresariales los retrasos en los pagos de las administraciones es, incluso, más importante que decidir si el déficit público para el 94 será del 5% o del 6%. Es un problema político. Es un problema económico. Sería reconocer que el nivel de inversión, de renta y de ocupación dependen de la confianza que inspire la política económica de los empresarios. Es lo que queda del keynesianismo. ¿Podría ser, por ventura, parte del cambio del cambio susurrado sólo a los creyentes?

es técnico comercial del Estado.