Falta costumbre

EN EUROPA son habituales los gobiernos resultantes de complicadas alianzas y pactos entre partidos rivales ante las urnas. Actualmente, dos tercios de los Estados que componen la Comunidad Europea son gobernados por coaliciones o por partidos ligados a otras fuerzas por pactos de legislatura. Que quienes consideraron imprescindible la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PSOE se escandalicen ahora de los efectos de esa pérdida -la necesidad de negociar apoyos externos prueba que lo que aquí falta es costumbre o sobran demagogia y ganas de romper el sistema.No es el mercadeo o el regateo lo que resulta escandaloso, sino las pretensiones abusivas de los regateado res. Si se considera que, hay chantaje cuando el socio mayoritario se ve obligado a hacer algo que no haría espontáneamente, lo habrá siempre que no exista mayo ría absoluta. Lo específico de la situación no es, entónces, que los partidos de Pujol y Ardanza traten de obtener ventajas, sino la naturaleza de esas ventajas, deriva da de su condición de fuerzas nacionalistas. Sin necesidad de renunciar a su ideología, éstas pueden plantearse su apoyo desde una perspectiva general: la que nace de la idea de que su contribución a resolver los problemas de España favorece los intereses de Cataluña y el País Vasco. La perspectiva particularista se basa, por el con trario, en la idea de que es posible aprovechar la debilidad del Gobierno para obtener ventajas para la propia comunidad, aunque ello resulte desestabilizador para el sistema autonómico en su conjunto o negativo para el equilibrio político y económico general.

En la actitud de los nacionalistas catalanes y vascos hay elementos de ambas posturas. Su empeño en introducir en los presupuestos criterios favorables a la economía productiva, incluso si algunas medida resultan poco populares, corresponde al primer criterio. El de vincular la aprobación de los presupuestos a reivindicaciones autonómicas respetables pero discutibles más bien se inscribe en el segundo criterio.

El Gobierno ha incluido en el proyecto de presupuestos que aprobará hoy buena parte de los planteamientos de CiU y del PNV en materia de política económica en general y de política industrial en particular: incentivos fiscales a la producción, rebaja del impuesto de sucesión para las empresas, etcétera. Las vacaciones fiscales -dispensa de pagar impuestos en los tres primeros años para las pequeñas empresas de nueva creación- planteadas por el PNV se extenderán a toda España, con lo que desaparece el principal fundamento (su carácter discriminatorio) del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno. Algunas medidas enunciadas muy genéricamente en el programa del PSOE sobre el fomento de las pequeñas y medianas empresas se concretan en la línea planteada por los nacionalistas en sus propios programas. Ello podrá resultar suficiente o insuficiente para las expectativas de Pujol y Roca (o de ArzalluzArdanza), y en función de ello habrán de decidir su apoyo o no a los presupuestos.

Lo que resulta absurdo es que, después de haber vinculado la aprobación de los presupuestos a la satisfacción de determinadas reivindicaciones nacionalistas, Pujol advierta que no admite prisas -que no volverá a firmar de madrugada- para dar su respuesta. Como político responsable, Pujol, que reprochó al Ejecutivo su pasividad frente a las urgencias de la crisis, no ignora la necesidad de poner en marcha rápidamente las medidas plasmadas en el proyecto de presupuestos. Tampoco puede ignorar que el replanteamiento de los criterios de financiación autonómica no sólo afecta a Cataluña, y que suscita problemas prácticos de difícil. resolución.

Frente a esto se argumenta desde el nacionalismo que el problema se habría resuelto si el Gobierno hubiera plasmado la propuesta del 15% del IRPF antes de las elecciones, cuando el PSOE disponía de mayoría absoluta. El criterio es discutible desde dos puntos de vista: porque el problema no es bilateral, sino, como ahora es evidente, multilateral (y sobre el mismo existen divergencias internas en todos los partidos); y porque la forma como Pujol ha planteado el problema hace sospechar que, de haberse acordado antes el 15%, ahora estaría intentando arrancar el 30%, aprovechando la necesidad que el PSOE tiene de sus votos.

Tampoco es del todo cierto el razonamiento nacionalista que niega el carácter de ultimátum de sus exigencias con el argumento de que el PSOE puede también aprobar los presupuestos con el apoyo de Izquierda Unida. Pujol sabe bien que eso es imposible en la práctica, dada la distancia entre los programas respectivos y las prioridades definidas por el agravamiento del déficit. Pero sabe, sobre todo, que su propio electorado, atraído con la consigna del ara decidirem, no le perdonaría que, en una situación como la actual, esa posibilidad llegase a ser verosímil.