La alumna 'enchufada' en la selectividad es hija de un inspector de la Complutense

La alumna a la que se elevó de 1 a 8 la nota de su ejercicio de matemáticas en la convocatoria de la selectividad de junio en la Complutense de Madrid es hija de Rafael Lozano Fernández, miembro de la inspección de servicios de esa universidad. Víctor Santiuste, jefe de la inspección y quien ha dirigido la investigación sobre presuntas irregularidades en el tribunal número 11 manifestó ayer que se va a incoar expediente a Esther Parrondo García, la única persona que aparece como presunta responsable de conducta irregular. Parrondo, que fue quien recomendó a la alumna al profesor denunciante y le filtró el número de su ejercicio, es colega de Lozano en un departamento de la Facultad de Farmacia.

De la investigación dirigida por Víctor Santiuste, por orden del rector de la Complutense, no se deduce otra responsabilidad personal que la de Esther Parrondo con relación a las diversas y presuntas irregularidades advertidas en el tribunal número 11 de la selectividad por Ángel Luis Fernández Herrero, profesor de un instituto de bachillerato, que fue vocal de dicho tribunal. Fernández Herrero reveló que hubo un intercambio de "enchufes" entre miembros de los tribunales 10 y 11, y que a él personalmente se le recomendó que ayudara a una determinada alumna, para lo que se le facilitó el número de su examen, que, en teoría, en ese momento era anónimo. Fernández Herrero ignoró tal enchufe y posteriormente pudo comprobar que el 1 que él había puesto de nota alguien lo había transformado en un 8. Tras las primeras indagaciones, el rector, Gustavo Villapalos, ordenó que se rectificara la calificación.Según Santiuste, "no hay indicios por los que se puedan probar las conversaciones denunciadas, y sí de que la profesora que estaba con el denunciante en el aula hizo ofrecimientos a dos vocales: a él mismo y a otra profesora, que luego ratificó tal extremo. Por lo tanto, de ello se desprende que, efectivamente, el denunciante lleva razón, y ahí se quebranta el sistema que garantiza el anonimato de los alumnos en el proceso de calificación".El presidente del tribunal Según Santiuste, "tampoco hay demostración de irregularidad imputable, sino indirectamente, al presidente del tribunal 11 [el profesor de la Facultad de Filología Lucrecio Pérez Blanco] respecto a la filtración del número 51.208, que es justa mente el correspondiente a la alumna en cuestión, y que lo mismo cabe decir de la secretaria y administrativas del tribunal que niegan tajantemente que hayan producido filtración". No obstante, y según informó también el inspector Santiuste, "se ha adoptado cautelarmente la decisión de que no participe el presidente del tribunal 11 en los tribunales de la convocatoria de septiembre, cuyos exámenes comienzan hoy, acogiéndose a la propia y previa solicitud del interesado. Ahí no se ha visto la demostración de una falta cometida por este profesor, pero, como presidente, es responsable de todo lo que acontezca en su tribunal". Preguntado sobre si el padre de la alumna enchufada es el profesor Lozano, Santiuste manifestó: "Eso a mí no me consta. Porque aquí lo que se ha juzgado es un procedimiento general. Yo creo que ésa es una cuestión delicada y grave, y si fuera así, veríamos, veríamos... Pero, vamos, en principio, eso no se ha visto". Este diario intentó inútilmente recabar alguna declaración de los profesores Lozano y Parrondo. Un portavoz del gabinete de prensa de la Complutense dijo que, efectivamente, es cierto que la alumna recomendada es hija del profesor Lozano; que éste había presentado su dimisión el pasado 30 de julio y que había sido apartado del servicio de la inspección. Además de la incoación del expediente a Esther Parrondo, el rector también ha ordenado que se constituya una comisión especial que, presidida por el vicerrector de alumnos, Adolfo Arias, revisará en el plazo de 10 días la corrección de los ejercicios de los alumnos examinados por el tribunal 11. El motivo oficial del expediente a Parrondo es la presunción de "una falta grave, consistente en el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, o el no guardar el debido sigilo sobre asuntos que se conocen por razón del cargo cuando causen Perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio". "El instructor y la inspección de servicios", concretó Santiuste, "determinarán cuál de ellas, o si son las dos". Otro aspecto que el expediente a dicha profesora deberá depurar es la posible infracción grave en que pudo haber incurrido al recomendar a otros vocales del tribunal que no calificaran bajo a los alumnos de los colegios privados encomendados al mismo. El pretexto para tal sugerencia, según informó en ' su día el profesor denunciante, fue que esos colegios suelen presentar tradicionalmente reclamaciones contra los criterios de evaluación.