La financiación ilegal lleva a la detención de un asesor de los ex comunistas italianos

La compraventa, que no terminó de llevarse a cabo, de un edificio propiedad de Riuniti, una editorial del Partido Comunista Italiano (PCI), ha ensanchado el filón de investigaciones sobre posible financiación ilegal de su sucesor, el Partido Democrático de la Izquierda (PDS), y terminado con la detención de su administrador inmobiliario, Marco Fredda. Además, Primo Greganti, ex funcionario del partido, ha vuelto a la cárcel. Unos 400 millones de liras (alrededor de 35 millones de pesetas) están en el centro de la contienda.

Fredda, de 34 años, hermano de la secretaria particular del número uno del PDS, Achille Occhetto, fue detenido el sábado por la noche, poco antes de que los carabineros registraran su despacho en la sede del partido, en Roma.El domingo se entregó Primo Greganti, el antiguo funcionario del partido comunista en Turín que ya pasó tres meses en la cárcel milanesa de San Vittore, tras asegurar que una cuenta suiza en la que se intentaba saber si se habían depositado cantidades para su partido, llamada Gabietta (Jaulita), era sólo cosa suya.

El origen de las actuales actuaciones judiciales son las acusaciones del constructor Bruno Binasco, gestor de otro empresario, Marcello Gavio, presidente del Grupo Itinera, que se entregó a las autoridades el domingo por la mañana. Binasco aseguró haber dado al Partido Comunista Italiano, a través de Primo Greganti, 1.000 millones de liras por la compra del edificio de Editori Riuniti, y haber recibido como devolución sólo 600 cuando el negocio no salió adelante.

Los 400 millones eran una suerte de contribución al PCI solicitados por Greganti, que habría dicho que de ello estaban informados tanto Fredda como el tesorero del partido, el senador Marcello Stefanini.

Binasco afirmó ante los jueces anticorrupción de Milán que en la operación concertada con Greganti se preveía una alta cantidad de dinero negro para evitar pagar a Hacienda, Esta cantidad se ha estimado en 900 millones de liras en círculos cercanos al Partido Democrático de la Izquierda. Este partido ha reconocido tener estas culpas fiscales, pero niega cualquier operación de financiación ilícita. Y es más: asegura que devolvió a Binasco los mil millones más otros cien como penalización por interrumpir la venta.