El documento del Gobierno

Tanto la Ejecutiva de Comisiones Obreras como la de UGT han rechazado los contenidos del documento que, a modo de marco de referencia para la negociación del pacto por el empleo, les entregó el Gobierno a mediados de agosto. Aunque el Gobierno aclaró que con el documento sólo pretendía hacer una descripción de escenarios y no una propuesta concreta para la negociación, la verdad es que su contenido fija posiciones bastante precisas sobre salarios, empleo y otras variables que, aun siendo distintas para los tres supuestos que contempla -incluidos los de inexistencia de pacto-, responden todas ellas al mismo modelo de política económica practicada estos años atrás, adecuándola, claro es, al fuerte periodo de recesión que padecemos.El núcleo del documento descansa en la búsqueda de una progresiva reducción del déficit público, en la confianza de que favorecerá la rebaja de los tipos de interés y que éstos, a su vez, servirán para la reactivación económica y la creación de empleo. Descansa también en la reducción de costos salariales para las empresas y en una reforma del mercado de trabajo que amplíe las facultades de los empresarios a la hora de disponer sobre su mano de obra, en especial durante la permanencia del trabajador en el empleo y en el momento del despido. En resumen, utilizando térmicos clásicos, estamos ante un tipo de ajuste que busca intensificar la acumulación de capital en el sector privado a la par de introducir flexibilidades y desregulaciones en el mercado de trabajo que, inevitablemente, ampliarían el poder del empresario frente al trabajador.No es extraño, pues, el rechazo sindical. Pero vale la pena destacar que de forma simultánea han enfatizado su disposición a negociar para llegar a acuerdos. Porque a ninguno se nos escapa que el escenario del no acuerdo es el peor de los escenarios.

El Gobierno plantea que en ausencia de pacto subirá un poco más la inflación, el déficit y el desempleo. Pero en cifras no demasiado relevantes respecto del supuesto contrario. Bien es verdad que lo hace sólo para el horizonte de 1994 pese a su pretensión de un pacto a tres años. En todo caso, algunos pensamos que el escenario del no pacto es bastante más grave tanto en términos económicos como políticos, sociales y sindicales.

Un fracaso en la iniciativa del pacto por el empleo, tras la extraordinaria campaña para conseguirlo, supondría en primer lugar un fracaso político que debilitaría la credibilidad del Gobierno y del PSOE; tanto fuera como dentro de nuestro país. Que la oposición política mira con vergonzante regocijo esa posibilidad lo demuestra el escaso interés cuando no la clara voluntad de contribuir a ese fracaso. Ha sido muy acertada la denuncia sindical sobre el peligro de un frente político antipacto, como quedó insinuado en el debate parlamentario de agosto. Algunos partidos parecen estar pensando menos en cómo contribuir a paliar el drama de cerca de tres millones y medio de trabajadores sin empleo que en hallar el camino para acortar al máximo la recién iniciada legislatura y precipitar unas nuevas elecciones de las que piensan sacar mejor bocado que en las últimas. No sería de extrañar que la cúpula de la CEOE baraje también esta hipótesis y discretamente la aliente. No se entienden, si no, sus renuencias a un planteamiento en el que los sacrificios a los empresarios son bastante exiguos, y el escaso interés que vienen demostrando hasta ahora respecto del pacto, amén de su sospechosa insistencia en que sea el Parlamento quien ventile lo que afecta a la protección social.

Tampoco puede omitirse otro riesgo: que el Gobierno, en ausencia de pacto, trate de contrarrestar el problema con nuevas concesiones a las derechas nacionalistas para obtener el suficiente apoyo parlamentario. Llama la atención el coro que desde CiU al PP, aparte otros corífeos del campo financiero y económico, vienen entonando para que el Gobierno "tome medidas urgentes" y no pierda más tiempo en la búsqueda de consensos sociales. Si al final las cosas discurrieran por esta dirección, el problema no sería sólo que los trabajadores y sindicatos saldríamos peor librados: es que se difuminaría aún más el ya débil perfil de izquierda de la acción de Gobierno, con efectos más que preocupantes para el PSOE.Por todo ello, hay que echar toda la carne en el asador para hacer posible el acuerdo o, de no ser posible, que la sociedad tenga claras las responsabilidades de cada uno. En esa perspectiva, pensando tanto en términos de coyuntura como más estratégicos, es muy importante el entendimiento entre Gobierno y sindicatos.Para que ese entendimiento sea posible hacen falta dos cosas: que el Gobierno revise los términos del ajuste y que los sindicatos tengamos claro que los márgenes de maniobra en economías abiertas, y teniendo el capital la sartén por el mango, son ciertamente estrechos. Pero hay márgenes. Por ejemplo, abordando el problema del déficit público menos en la dirección de recortar los salarios y el gasto social y muchísimo más metiéndole mano, en serio, a las bolsas de fraude fiscal. Es intolerable que, como recientemente señalaba el prestigioso economista Julio Segura, el fraude en el IVA y el IRPF llegue al ¡45%!La guerra abierta y sin cuartel contra los defraudadores, empezando por arriba, sería en estos momentos percibida por trabajadores y sectores populares como una forma de recuperación de perfil de izquierda en la acción de Gobierno. A la derecha la colocaría en un verdadero aprieto si se negara a colaborar. En esta lucha es seguro el apoyo de los sindicatos para crear conciencia cívica y ampliar el respaldo social. El Gobierno habla de ello en su documento aunque no se le nota el énfasis suficiente y apunta que lo que se consiga sea para rebajar cotizaciones sociales. Lo prioritario no debiera ser esto último sino garantizar que no haya retroceso alguno en la protección social pública. Desde este enfoque, parece también claro que desde el lado sindical se contribuirá a la mayor eficacia y racionalidad en el gasto, incluida la corrección de irregularidades y fraudes que pueden darse en alguna de las prestaciones sociales.

Respecto a la política salarial no vale lo de café sin azúcar para todos. No puede tratarse igual a quienes están a niveles de salario mínimo o un poco por encima que a quienes lo perciben multiplicando por ciento o muchas más veces. Aquí también debe manifestarse la solidaridad y existen fórmulas conocidas para ello. Por ejemplo, la diferenciación por tramos de ingresos. Y puesto que es cierta la necesidad de obtener recursos para la inversión, que es precisa la moderación en los salarios y que el denominador común debe ser la lucha contra el paro, habrá de garantizarse que el plus sobre los beneficios empresariales vaya efectivamente a inversión productiva. Como el realismo nos hace pensar que no hay recetas universales y que bastantes empresas están con pérdidas, la cuestión es ensayar en las de un determinado tamaño y con beneficios los llamados Fondos de Inversión en los que los trabajadores tengan participación y control. Ni que decir tiene que el Gobierno tiene que intervenir para hacerlos viables pues remitirlo a la negociación entre sindicatos y patronal es lo mismo que renunciar a su existencia.

En cuanto a la reforma del mercado de trabajo, hay que buscar la manera de corregir la tremenda dualización existente, pero de tal modo que, globalmente, no se den retrocesos. Que en esto no hay fórmulas aritméticas está claro. Como también está claro que a propuesta remitida por el Gobierno al Consejo Económico y Social es, globalmente, un retroceso. Por eso hay que modificarla.

Por último, es indiscutible la necesidad de reactivar la economía si se quiere atajar el creciente desempleo. Como uno de nuestros problemas es la competitividad y no caben, por tanto, reactivaciones indiscriminadas habrá que hacerlo de forma selectiva en sectores que, además de favorecer el empleo, ayuden a resolver problemas sociales de primera magnitud. La vivienda es quizás el más paradigmático, aunque no el único. En todo caso, se trata de no sacralizar determinados objetivos macroeconómicos en un período donde el problema del paro tiene dimensiones catastróficas. En concreto, no puede sacralizarse como objetivo central la reducción del déficit público.

Lo dicho hasta aquí pretende ser sólo una ilustración de cómo pueden reorientarse las cosas en favor del pacto o, cuanto menos, el entendimiento entre Gobierno y sindicatos. Es más que probable que la patronal se desmarque más de lo que está. Es seguro que la oposición política pondrá obstáculos considerables a la hora de tramitarse aquello que compete al Parlamento y Senado. Con una minoría mayoritaria en esas instituciones van a complicársele mucho las cosas al PSOE. Pero no está nada claro que en un escenario de no pacto el panorama político y social vaya a ser algo mejor. El escenario del no pacto tendrá bastantes similitudes con el escenario anterior a las elecciones del 6 de junio. Sólo que con 16 diputados menos y un paro y una crisis económica de caballo.

En tomo a este pacto se está ventilando algo más que un combate contra el paro. Se está ventilando la credibilidad del presente y la legitimidad de futuro de los sindicatos y del PSOE. Que exista plena conciencia de la gravedad de la situación no puede hacernos ignorar a PSOE y sindicatos que un ajuste del tipo que se plantea, sobre el que la oposición política se desentiende, la patronal racanea, los sindicatos no aceptan y el propio Gobierno admite que al menos hasta 1995 no impedirá el crecimiento del paro, podría, quizá, no tener hoy un fuerte rechazo popular pero sí ser el fermento a plazo medio de un nuevo desencanto que pagaría la izquierda durante algunos años. De ahí que una vez más debamos recordar y actuar en consecuencia sobre ese problema de fondo que afecta al conjunto de la izquierda europea: la no suficiente diferenciación con los partidos de la derecha cuando desde el poder abordan los problemas económicos de sus respectivos países.

es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.