Administración mejor y más barata

¿QUÉ SE hace cuando la Administración del Estado tiene publicado un folleto que en nada menos que 10 páginas detalla las especificaciones requeridas para que los ceniceros producidos por un particular puedan ser vendidos a las oficinas del Gobierno? ¿Cómo se habría podido conseguir evitar que los martillos suministrados al Ejército estadounidense en Vietnam llegaran a costar 5.000 dólares (aproximadamente 600.000 pesetas) por unidad sin que nadie consiguiera evitarlo? Las soluciones posibles son dos: dejar que el Estado se hunda en el marasmo de la ineficacia y el desprestigio o recurrir a Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos.Tradicionalmente, el vicepresidente norteamericano -esencial durante la campaña por los votos que puede aportar al candidato a la presidencia- desaparece de la escena política tras el acto de toma de posesión y se limita luego a desempeñar con mayor o menor solicitud su función principal, que es la de presidir el Senado. Siempre se afirma que el nuevo ocupante del cargo tendrá en esta ocasión misiones especiales de gran relevancia; pero siempre acaba esfumándose en la mediocridad y el olvido.

No en el caso de Al Gore, sin embargo. Ocho meses después de acceder a su cargo, ha reaparecido trayendo debajo del brazo un proyecto verdaderamente revolucionario. Lo que el jefe de la oposición republicana, Bob Dole, ha descrito como el cambio más importante introducido en la vida política estadounidense en muchas décadas, un plan que los ciudadanos, con el pesimismo de quien está acostumbrado a no tener demasiada fe en sus políticos, habían dejado resignadamente de esperar: "Cómo crear un Gobierno que funciona mejor y cuesta menos".

Décadas de acumulación de instrucciones y prácticas irracionales, de indicaciones y contraindicaciones, de desidia, han producido en Estados Unidos una Administración federal, estatal y municipal plagada de gestiones inútiles, sobredimensionada por el número de funcionarios y departamentos, encarecida por la burocracia más absurda. El proyecto de Gore tiene por objeto no sólo ni principalmente reducir drásticamente el número de funcionarios (un 12%, para pasar de 2.100.000 a 1.848.000), sino, sobre todo, multiplicar su eficacia y racionalidad, limitando severamente los cargos dirigentes (de 1 por cada 7 funcionarios a 1 por cada 15). Busca forzar a departamentos enteros de la Administración (como en el caso de la Imprenta Oficial del Gobierno) a competir con el sector privado para conseguir prestar sus servicios; en determinados casos, promete nacionalizar servicios esenciales (como el de los controladores del tráfico aéreo); en otros, pretende suprimir decenas de oficinas estatales obsoletas o simplemente rémoras inútiles de necesidades ya periclitadas. En más de un sector de la vida económica se suprimirán subsidios hoy totalmente inútiles.

El objetivo del plan es, además, ahorrar dinero de los contribuyentes. Nada menos que 108.000 millones de dólares (casi 14 billones de pesetas) a lo largo de los próximos cinco años. Pero, sobre todo, lo que pretende es acercar la Administración al ciudadano, hacerla más racional y rápida y dejar de dar la sensación de que en los albores del siglo XX el procedimiento administrativo está aún anclado en el XIX. Por usar las palabras del vicepresidente, se trata de eliminar del sistema federal "burocracia inútil y ordenanzas sin sentido".

Si se consigue, Estados Unidos habrá prestado un señalado servicio a la causa de quienes padecen a diario la lentitud, la irracionalidad, el trato desabrido, los privilegios inexplicables de centenares de miles de funcionarios a los que pagan con sus impuestos, en ocasiones con inexcusable generosidad. El secreto del plan de Gore es que, aunque no sin sacrificios, es realizable. Lo que evita sumir al funcionariado en la confusión y la frustración.