Demasiada oscuridad

UN APAGÓN que afectó a casi toda Cataluña el pasado día 24 y dejó sin luz a cinco millones de usuarios fue el prólogo de otro que se produjo el lunes pasado y afectó a 200.000 consumidores de Aragón. Ambos han puesto de manifiesto que, a pesar del esfuerzo de modernización de los últimos años, todavía quedan muchas instalaciones, si no obsoletas, si incapaces de responder ante determinadas eventualidades. El interruptor que falló en Aragón tiene más de 25 años, una edad habitual en muchas instalaciones. La estación transformadora que se averió en Barcelona por la caída de un rayo también es antigua, aunque en los últimos años se haya modernizado. Pero esa modernización, que la convirtió en automática, prescindiendo de todo el personal de la planta, puede no ser ajena a la cadena de acontecimientos que dejaron casi toda Cataluña sin luz.El apagón catalán, el más espectacular, deja claro que una red eléctrica de transporte modernizada gracias a los Juegos Olímpicos no es inmune a los accidentes. Un accidente provocado por un rayo, que en condiciones normales habría afectado a unos cientos de miles de personas, acabó perjudicando a cinco millones al fallar unos sistemas de protección de la red, pero pudo dejar a oscuras a muchos más de no haber funcionado correctamente otros mecanismos protectores. Este encadenamiento infernal es consecuencia directa de la propia estructura del transporte de electricidad: una red fuertemente interconectada que unifica todo el sistema español. Esta red es, desde el punto de vista técnico, un gran avance, al optimizar los recursos de producción de que dispone el país y mejorar su transporte. La contrapartida, si su gestión no es la adecuada, es la posibilidad de que un día toda España se levante sin luz.

Tras el apagón, ningún técnico ha hablado de abultadas deficiencias en las instalaciones. Sin embargo, como mínimo, algo deberán mejorar los sistemas pararrayos para que otra descarga no se vuelva a colar por donde no debe, y tendrá que verse cómo se modifican los sistemas de protección en los transformadores para que sea menos probable que fallen en el momento más inoportuno. También habrá que ver que puede hacerse para que un incendio que se estuvo incubando durante 20 minutos no fuera detectado o no se pudiera hacer nada para cortarlo a tiempo. Y será necesario estudiar cómo debe funcionar una red cuando se avecina una tormenta cargada de energía para que un apagón general tenga menos posibilidades de darse, ahora que se sabe que no aguantó.

Todo eso debe exigirse a las compañías eléctricas que tienen la responsabilidad de garantizar al ciudadano un servicio de calidad y constante, sin interrupciones. Igual que debe exigirse una información veraz de los hechos, sin sesgos interesados ni tecnicismos que la alejen de los ciudadanos afectados. El espectáculo de la disputa técnica entre las compañías eléctricas y la sociedad pública Red Eléctrica de España, cuya misión es la gestión de la red de transporte integrada, sobre la responsabilidad de cada cual en el apagón descubre una penosa lucha de intereses, cuando cabía esperar un lógico consenso técnico en el diagnóstico del accidente. No deja de ser paradójico que las industrias que suministran luz quieran dejar a oscuras al ciudadano sobre su responsabilidad.

En un sector cuya planificación y regulación están amparadas públicamente atendiendo, entre otras razones, a la seguridad del suministro, el ciudadano tiene derecho a conocer con detalle las causas de una alteración tan grave en un servicio básico y las acciones que las autoridades han arbitrado para evitar que se repitan episodios similares. Ocasión tanto más propicia para el esclarecimiento en la medida en que durante la actual legislatura verá la luz una nueva Ley de Ordenación del Sector Eléctrico.