Poshienestar

EL DEL Reino Unido fue durante años uno de los modelos más acabados de Estado del bienestar. Su Servicio Nacional de Salud se consideró hasta hace poco paradigma de servicio público capaz de compaginar universalidad y calidad. Hasta hace poco: hasta que Margaret Thatcher inició su desmantelamiento, a comienzos de los años ochenta. Fue en el Reino Unido donde primeramente se apreciaron los efectos perversos, o al menos contradictorios, del modelo, y es allí donde ahora se están viendo las consecuencias malignas de su precipitado desguace. El gamberrismo violento de los hinchas y las revueltas juveniles de los barrios marginales dieron un primer aviso de lo que estaba pasando. Ahora, ciertos espectaculares errores médicos, y decisiones tan polémicas como la del fumador de Manchester que por serlo no fue operado a tiempo, han abierto el debate sobre los efectos de aplicar exclusivos criterios de rentabilidad económica a la Sanidad.La investigación abierta a raíz de la muerte de una paciente que contrajo una enfermedad degenerativa por efecto de un tratamiento hormonal ha sido el último escándalo sanitario de un verano tan pródigo en ellos como el annus horribilis lo fue en desgracias para la familia real británica. El anterior lo fue la confirmación de más de 40 diagnósticos erróneos de cáncer óseo en Birmingham -lo que obligará a revisar no menos de 2.000 historiales clínicos- Al dramático caso del fumador de Manchester que no fue operado a tiempo se han unido otros de muy diversa índole, pero reveladores todos ellos de los conflictos derivados de la contradicción existente entre una demanda creciente y virtualmente ilimitada de asistencia y unos recursos limitados por definición (y en retroceso por decisión política).

La polémica, ya muy polarizada en el Reino Unido, ha llegado al continente simplificada hasta el extremo. El caso del fumador de Manchester, en particular, ha dado pie a generalizaciones abusivas: ese drama particular sería el de todos los pacientes sin medios de fortuna de seguir aplicándose criterios de racionalización del gasto sanitario (y del farmacéutico, en particular). Sin embargo, racionalización del gasto no equivale necesariamente a restricción; y la introducción de prioridades no tiene por qué identificarse con discriminación.

En el caso concreto de Manchester, algunos médicos sostienen que dejar de fumar era el tratamiento más urgente a aplicar al paciente, y que ninguna operación podría haberle salvado de no seguirlo a rajatabla durante, algunas semanas. También se ha argumentado que haber adelantado la operación del fumador habría significado -en un país en el que 927.000 ciudadanos están en lista de espera para entrar en el quirófano- atrasar la de algún no fumador necesitado de la misma intervención y con mayores probabilidades de supervivencia; retraso que, según confirma un estudio reciente, puede ser fatal para un porcentaje significativo de esos pacientes.

En todo caso, esa argumentación remite a la existencia de listas de espera, y éstas, a los criterios presupuestarios de la Administración conservadora. El gasto sanitario en relación al PIB ha permanecido prácticamente congelado en el Reino Unido entre 1980 y 1990, y actualmente es el más bajo de entre los países industrializados (el 6,1% del PIB, frente al 8% en Alemania, por ejemplo). Ello hace que el gasto por paciente haya retrocedido ligeramente, lo que no ha ocurrido en los demás países de la CE.

Por tanto, hay un problema general de necesidad de racionalización del gasto sanitario y un problema particular del Reino Unido, en el que la contradicción entre demanda social y recursos limitados se ve agravada por una política deliberadamente restrictiva. La lección para países como España -a los que la crisis del Estado del bienestar les ha sorprendido cuando iniciaban su construcción- es que la aplicación de criterios exclusivos de rendimiento económico a la Sanidad con

duce a resultados tan absurdos como socialmente inaceptables.