Autonomía financiera y solidaridad, clave de la polémica

Las cesión a las comunidades autónomas del 15% del IRPF supone una revolución en su forma de financiación. Por primera vez en su corta historia, las autonomías serán corresponsables del primer impuesto estatal en recaudación: el IRPF, que aporta a las arcas del Estado 5 billones de pesetas anuales, frente a los 4 billones que supone el IVA.Las comunidades ligan así una parte del dinero que obtienen a los ingresos territorializados del IRPF y pasan a ser las primeras interesadas en perseguir el fraude fiscal.

Los ingresos de las autonomías proceden ahora de dos grandes partidas: los tributos cedidos (transmisiones patrimoniales, patrimonio, actos jurídicos documentados, tasa sobre juego y actos jurídicos documentados) y un porcentaje de participación en los ingresos del Estado que se fija cada año. También pueden emitir deuda, aunque ésta no puede superar el 25% de sus ingresos anuales. Tres cuartas partes de sus ingresos dependen de los Presupuestos del Estado. Ahora recibirán menos del Estado y ganarán autonomía financiera.

La cesión del IRPF fue ideada hace años por los socialistas catalanes y aceptada por el equipo que dirigía Carlos Solchaga. La Generalitat hizo suya la propuesta hace tres años y la convirtió en una de sus grandes reivindicaciones.

La cesión del IRPF no supondrá un aumento de la presión fiscal. Los ciudadanos no pagarán más. Lo que ocurrirá es que el 15%*de lo que paguen al Estado por rentas irá directamente a las arcas de su comunidad. Esta cantidad ya recaudada se deducirá de lo que cada Administración autonómica recibe ahora del Estado vía Presupuestos. Por ejemplo, de cada 100 pesetas que recibía por esta vía, si en concepto de cesión del IRPF ingresa directamente 30 pesetas, sólo percibirá 70. Los contribuyentes sólo pagarán más si su comunidad decide aplicar recargos sobre los tributos cedidos o sobre el IRPF.

Pero la cesión puede no ser neutral, sobre todo a largo plazo, porque liga una parte de los ingresos de las autonomías a la evolución de un gran impuesto como es la renta. Las comunidades con más población o con más renta acabarán recibiendo más, ya que su 15% equivaldrá a más que el resto. Éste es el argumento de Extremadura y Canarias para rechazar la cesión. Para no quebrar la solidaridad interregional, el Gobierno ya ha dicho que la cesión irá acompañada de fondos de solidaridad para que ninguna comunidad empeore sobre las demás.