Un tratado de desarme que debe cumplir industria civil

La Convención sobre Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, remitida por el Consejo de Ministros al Congreso el pasado 4 de agosto, es el primer tratado de desarme que afecta tanto a la industria privada como a los gobiernos que lo han firmado (hasta el momento 146, incluida España).La gran dificultad para erradicar este armamento está en que casi todas las plantas químicas civiles (especialmente las de química orgánica y, en primer lugar, las fabricantes de plaguicidas e insecticidas) generan en algún momento de su proceso de fabricación agresivos tóxicos.

Los gobiernos, según explica Joaquín Pérez Villanueva, embajador de España en Ginebra y negociador de la convención, deberán controlar el desarrollo, producción, almacenamiento, empleo, importación y exportación de más de 70 sustancias, agrupadas en tres listas en función de su peligrosidad, además de todas aquellas que contengan fósforo, azufre o fluor; lo que afecta a la práctica totalidad del sector.

Cambiar el Código Penal

Para controlar a su propia industria, España deberá crear la "autoridad nacional" sobre armas químicas; una comisión de la que formarán parte, al menos, los ministerios de Defensa, Interior, Comercio y Asuntos Exteriores. Dicha comisión tendrá competencias para comprobar que los informes presentados por las empresas son verídicos y para castigar las violaciones del tratado, que en los casos más graves constituirán delito, por lo que habrá que modificar el Código Penal.La verificación internacional correrá a cargo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), un organismo equivalente a la OIEA en materia de energía atómica, con sede en La Haya (Holanda). La OPAQ contará con un amplísimo banco de datos, nutrido por las declaraciones nacionales sobre producción y existencias de las sustancias incluidas en la lista, y con un cuerpo de inspectores que verificará las denuncias sobre presuntas violaciones.

Aunque no los prohíbe, el tratado impone severísimos controles sobre la exportación de proyectiles huecos, que pueden ser rellenados con sustancias tóxicas, y sobre los gases empleados por la policía, como los botes de humo.

La convención entrará en vigor 180 días después de que la ratifiquen 65 países, lo que se espera suceda a finales de 1995. No obstante, se teme que algunos países, como China, demoren su ratificación para intentar suavizar los mecanismos de inspección, que todavía se negocian.