Las administraciones públicas deben 142.000 millones en luz y teléfono
Las diferentes administraciones públicas deben a Telefónica y a las empresas eléctricas 142.000 millones de pesetas, según datos facilitados la pasada semana por fuentes de las compañías y de la propia Administración. A Telefónica le deben 59.976 millones de pesetas; el resto corresponde a las empresas que suministran energía eléctrica a organismos oficiales centrales, administraciones autónomas y ayuntamientos.
La deuda está enquistada, y las empresas que la sufren elaboran cada año sus presupuestos partiendo de que se va a incrementar. Con la morosidad del Estado suelen tener más contemplaciones que con los deudores privados, debido a la magnitud de la clientela pública. Aun así, el recurso por la vía de lo contencioso-administrativo ocupa cada año el trabajo de departamentos enteros de las compañías, y en ocasiones se ha llegado a cortar el suministro, aunque siempre se ha tratado de pequeños municipios porque nunca se han atrevido con los grandes.La deuda de la Administración central y de las corporaciones locales y autonómicas con las compañías de suministro eléctrico asciende a 82.000 millones de pesetas, según estimaciones de UNESA, la patronal del sector. Por empresas, a la más representativa, Iberdrola, que produce el 40% de toda la energía que se consume en España, las entidades públicas le deben 40.000 millones de pesetas.
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, SA (FECSA), es la compañía que tiene sus pagos más al corriente, aunque eso se ha conseguido al cabo de largos años de pleitos, querellas y negociación. Los pagos pendientes a FECSA ascienden a algo menos de 5.000 millones: 3.325 de los ayuntamientos y 1.618 millones correspondientes a entidades dependientes de la Generalitat y Administración del Estado. Responsables de la compañía catalana resaltan que su deuda es la menor del sector y que además corresponde sólo a 1993 y 1992, en su mayoría. Hasta llegar a esta situación, "excelente, comparada con las demás", según un directivo, FECSA ha agotado todos los medios para cobrar las facturas, y cuando no lo ha conseguido ha cortado el suministro.
Así lo hizo el pasado mes de diciembre con el Ayuntamiento barcelonés de Moià, de algo más de 3.000 habitantes, y un año antes con el de Canejan (Lérida), cuyo Ayuntamiento se negaba a abonar la factura de la luz de los últimos años, que ascendía a 18 millones de pesetas.
Sevillana de Electricidad, cuya cobertura abarca Andalucía y parte de Extremadura, tiene un cobro pendiente con el sector público que soprepasa los 21.000 millones de pesetas: 14.920 millones corresponden a los ayuntamientos y 6.734 millones a entidades dependientes de la Junta de Andalucía y representantes de la Administración central en la comunidad autónoma.
Los grandes ayuntamientos andaluces son los morosos más recalcitrantes: la compañía no facilita nombres, pero sí confirma que el 5% de los clientes acumula el 70% del total del débito.
Un equipo de técnicos de Sevillana de Electricidad negocia desde comienzos de año con cada deudor: la compañía se ha propuesto como primer objetivo para 1993 conseguir que se le abonen los 21.000 millones, según fuentes de la empresa.
Con Telefónica, la deuda es de 59.976 millones de pesetas, según estimaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Telefónica no facilitó datos sobre el débito de sus abonados en el sector público, pero otras fuentes aseguraron que la agencia estatal Efe y el Ente Público Radiotelevisión Española figuran entre los principales morosos.
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