El pacto socioeconómico

De la situación en que hoy se encuentra la economía española y europea tiene una gran responsabilidad la moda del monetarismo neoliberal de los ochenta, importado de Estados Unidos, vía Reino Unido, que es por donde suelen venir estas importaciones.El intento de abandono por el Estado del gobierno de la economía real para centrarse en el manejo puro y duro de los activos líquidos y la huida de las políticas anticíclicas (sobre todo de la presupuestarla y fiscal) han terminado por entrar en contradicción insoluble con el mantenimiento del modelo de Estado de bienestar. El resultado ha sido desastroso, no sólo en términos de economías nacionales, sino porque ha lesionado gravemente la construcción europea, que siempre ha sido vista con disimuladas reticencias desde el otro lado del Atlántico y desde el otro lado del canal de la Mancha.

La crisis del Sistema Monetario Europeo (SME) por la tormenta monetaria es, así, algo más que la puesta en práctica de una técnica de especulación masiva de tipo coyuntural; en el fondo de ese fenómeno hay una apuesta estructural -de naturaleza política, por tanto- por arruinar el único proyecto existente de autonomía europea, la Unión Económica y Monetaria y la Unión Política. El monetarismo ha sido la puerta -o la coartada- por donde se han colado antieuropeísmos de toda condición.

En España, los Gobiernos anteriores de González construyeron su política económica sobre un binomio difícil de sostener: aumento del gasto público, con importante proporción de un gasto social que tenía algunas connotaciones populistas y clientelares, unido a altísimos tipos de interés y emisión de deuda dirigida a atraer capital especulativo exterior, con el que cubrir los dos grandes agujeros negros de nuestra economía: el déficit comercial y el déficit público. O sea, socialdemocracia más monetarismo. Un círculo vicioso, porque, de un lado, la no competitividad de la economía española, desnuda por fin ante el desarme arancelario, y, de otro, el siempre impotente ingreso público, condicionado por el fraude fiscal culturalmente tan poderoso en nuestro país, impedían aflojar la soga de los tipos de interés puesta alrededor del cuello de la economía productiva, de la industria, de las pyme. Una política suicida, que fue presentada como "la única posible" y que ha sido muy dañosa para el nivel de empleo y para el ahondamiento del déficit público por la carga de la deuda y las pensiones al desempleo. Dañosa también por el desbocamiento de unas magnitudes macroeconómicas que el Gobierno, a estas alturas, sigue sin controlar.

Para la recuperación de la economía real y del empleo se requiere productividad y competitividad. Pero también se necesitan otros factores. Sobre todo de tipo político. Aquí se inscribe el debate sobre el llamado pacto social y sobre la nueva política económica. Veamos, pues, estas tres dimensiones básicas del problema: la productividad, el pacto por el empleo y la nueva política económica, como instrumentos claves para la recuperación del empleo.

Parece aceptado que la productividad de una economía es el nervio central del progreso de la misma, de su competitividad frente al exterior, del aumento del nivel de vida. La productividad ha descendido constantemente en España en los últimos años, y se ha culpado de ello a los salarios y al mercado de trabajo. Sin embargo, los componentes de la productividad -un concepto cuya naturaleza hay que revisar- no se resumen en el salario y en el mercado de trabajo. Hay muchos otros: equipamientos, tecnología, coste del dinero, capacidad empresarial, formación profesional.

De hecho, en 1991 y 1992 la destrucción de empleo ha sido muy superior al descenso en la producción. Según datos del Ministerio de Industria sobre el primer trimestre de 1993, la industria española tuvo un aumento de productividad por trabajadora o trabajador ocupado de 7,4% sobre. el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al mercado de trabajo, cuya rigidez es para muchos la barrera principal al crecimiento, si por algo se caracteriza en nuestro país es por la convivencia en su interior de elementos indudables de rigidez (movilidad funcional y geográfica) con niveles de precariedad laboral desconocidos en el ámbito europeo. Una situación esquizofrénica, que pide reformas estructurales sólo posibles de acometer con la intervención de todos los protagonistas sociales y económicos interesados, y con su plasmación legal a través de los órganos constitucionales democráticos. Aparece aquí el papel central de un pacto nacional sobre el empleo, vinculado estrechamente a un cambio cualitativo en la política económica.

El pacto sobre el empleo es, sin duda, esencial Pero no es admisible cualquier pacto sino aquel que se sitúe en el contexto de una nueva política económica. Ésta es la contrapartida fundamental a pedir por los sindicatos y empresarios. Los agentes sociales tienen que exigir una política que salvaguarde el consenso social imprescindible, y eso requiere que a la moderación salarial, su relación con la productividad y la flexibilización del mercado de trabajo le acompañen una restitución de la causalidad en el contrato de trabajo; un compromiso de creación de fondos de inversión y de participación de los sindicatos en las decisiones empresariales de inversión y localización; un mantenimiento al alza del gasto en infraestructuras, en educación y en investigación; un descenso gradual de los tipos de interés; una firme decisión política contra el fraude; una potenciación de la formación profesional; un sostenimiento de las prestaciones sociales ya conseguidas, con las necesarias adaptaciones técnicas aceptables en términos de solidaridad, y una reforma del mercado de la vivienda.

Elemento esencial de ese giro en la política económica es, a mi juicio, la resurrección de la importancia del sector público de la economía, que pasa por un estatuto de la empresa pública y una reforma en profundidad de la misma. A diferencia de lo expuesto por Solbes, la recuperación no puede hacerse descansar en exclusiva y taumatúrgicamente en la inversión privada; también en la generación de capital público, algo opuesto a su dilapidación a través de privatizacio-

Pasa a la página siguiente