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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Sentido común obrero

EN CARTAGENA, una empresa pública con una plantilla de 2.000 trabajadores y con serios problemas para mantener ese empleo en los próximos años ha perdido un contrato por la negativa de algunos de ellos a modificar sus condiciones de trabajo en materia de horario y vacaciones. Que el hecho se haya producido en una población que constituye el símbolo de las comarcas industriales en declive, y que ha sido escenario de intensas movilizaciones en defensa del empleo, concede especial significación al mismo: el asunto es un síntoma de algunos de los problemas actuales del mercado de trabajo en España, uno de los cuales es la pervivencia de una mentalidad sindical contradictoria con la dinámica del sistema productivo, especialmente en periodos de crisis.Aunque los detalles son algo confusos, lo fundamental es que ninguno del centenar aproximado de soldadores de los Astilleros de Bazán aceptó el cambio de horario necesario para hacer compatible el trabajo encargado con otros que debían realizarse simultáneamente en las instalaciones de la empresa contratante, General Electric. En verano, la mayoría de la plantilla de la Baizán trabaja en turno continuado de las 7.00 a las 14.30 horas. La jornada propuesta era de ocho de la mañana a siete de la tarde. Desde el comité de empresa se ha argumentado que si es normal que el contratante imponga plazo de finalización y precio, no lo es que fije el horario. También, que la dirección no había hecho caso a sus recomendaciones de diversificación de turnos para garantizar retenes permanentes que permitieran atender cualquier pedido.

La Bazán, como otros astilleros, tiene un porvenir más bien oscuro, y de ahí que lleve años buscando encargos del sector privado que complementen los de la Armada, principal pero incierto cliente tradicional de la empresa. Hasta comienzos de 1995 no está previsto un nuevo encargo fuerte -una flotilla de dragaminas-, lo que pone en peligro algunos cientos de puestos de trabajo, actualmente sin ocupación precisa. Frente a esa situación, que vendría a añadirse a la pérdida de otros mil empleos en los últimos años, los argumentos del comité resultan débiles. Considerar que la responsable es la empresa por falta de previsión en el establecimiento de turnos puede servir para suscitar el aplauso de una asamblea, pero constituye escaso consuelo para quien puede verse abocado al paro en un futuro más o menos próximo.

Por ello, y al margen de los detalles, que podrán ser discutibles, lo evidente es que el resultado, la pérdida del contrato, es tan lamentable como incomprensible. Ha faltado sentido común por parte de los trabajadores más directamente afectados, pero quizá también autoridad y perspicacia de los responsables sindicales para evitar que la inflexibilidad de un sector de la plantilla perjudique al conjunto de ella.

Si el asunto puede considerarse sintomático es porque no son infrecuentes los casos de inversionistas potenciales -últimamente, japoneses en particularque desisten de su intención al comprobar que las facilidades fiscales y de otro tipo prometidas se tornan en obstáculos y exigencias. absurdas a la hora de tratar las condiciones laborales con responsables sindicales. Ello resulta especialmente preocupante con vistas a las ineludibles reformas del sistema de relaciones laborales que habrá que abordar para responder a las nuevas condiciones de la competencia internacional, agudizada por la crisis. El mundo laboral español ha superado ya la ideología inspirada en el principio de que lo que perjudique al empresario favorece en idéntica medida al obrero. Pero algunos sindicalistas parecen seguir anclados en la mentalidad que supedita, cualquier otra consideración a lo que consideran defensa de los derechos adquiridos. Como indican algunos otros ejemplos, la responsabilidad exige a veces una actitud más flexible. Por puro sentido común.

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